Irak expresó el viernes su indignación por la decisión de un tribunal federal estadounidense de anular todos los cargos presentados contra cinco guardias de seguridad de la firma Blackwater Worldwide, a quienes se acusaba de disparar contra civiles iraquíes en 2007.

El fallo es "injusto e inaceptable", dijo el portavoz del Gobierno iraquí, Ali al-Dabbagh, en un comunicado, en el que agregó que Irak había empezado a tomar medidas para demandar a la empresa privada de seguridad, ahora conocida como Xe Services.

Un juez federal desestimó los cargos contra los guardias acusados de matar a 14 civiles iraquíes en 2007, diciendo que el Gobierno estadounidense había violado los derechos constitucionales de los imputados.

Dabbagh pidió que se apelara la resolución.

El tiroteo en Bagdad tensó las relaciones entre Estados Unidos e Irak y se convirtió en un símbolo para muchos iraquíes de la indiferencia extranjera por la vida de sus compatriotas.

"El Gobierno iraquí lamenta y se siente decepcionado por la decisión del tribunal estadounidense", dijo Dabbagh en una entrevista telefónica.

Tras la invasión de 2003, guardias de seguridad privada que protegían al personal estadounidense gozaron de inmunidad para ser procesados en tribunales iraquíes, pero eso terminó con un pacto bilateral que entró en vigor en 2009.

Los cinco guardias fueron acusados en una corte federal estadounidense hace un año de 14 cargos de homicidio y 20 cargos de intento de homicidio.

El tiroteo ocurrió cuando un convoy de Blackwater fuertemente amado escoltaba a funcionarios estadounidenses al centro de Bagdad el 16 de septiembre de 2007.

Los guardias, veteranos del Ejército estadounidense, dijeron haber oído una explosión en las inmediaciones y un tiroteo, y afirmaron que empezaron a disparar en un concurrido cruce en defensa propia.

Un iraquí presente en la escena, cuyo hijo murió en el incidente, dijo que los guardias dispararon indiscriminadamente contra los coches en el cruce cerca del convoy.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos se declaró decepcionado por la decisión del juez.

"Estamos en proceso de revisar la opinión y considerar nuestras opciones", dijo Dean Boyd, preguntado sobre si el Gobierno apelaría.