A partir del 1 de enero de 2012, tener acceso a internet a un precio y una velocidad razonables, se viva donde se viva en España, será un derecho recogido en la normativa sobre servicio universal. Cualquier inmueble que se utilice como vivienda habitual, aunque no esté en una ciudad, tendrá derecho a recibir datos de la red a una velocidad mínima de un mega, como mucho 60 días después de haberlo solicitado, tal y como aprobó ayer el Consejo de Ministros.

La actuación del Ejecutivo pone a España a la vanguardia de la Unión Europea, donde sólo Finlandia tiene una exigencia similar. El Gobierno británico ha manifestado su intención de exigir un acceso de dos megas, pero no lo ha regulado aún.

Se suprime la obligación de entregar la guía de teléfonos en papel

La buena noticia para 350.000 hogares, que son los que, según el Ministerio de Industria, se beneficiarán de la obligación, se convierte en mala para las operadoras de telecomunicaciones. Al menos, las cuatro compañías agrupadas en el lobby Redtel (Telefónica, Vodafone, Orange y Ono) se han mostrado en diferentes ocasiones en contra de la nueva obligación, porque en España el servicio universal lo pagan las compañías en función de su cuota de mercado. En concreto, se lo pagan a Telefónica, que es la que lo presta ahora y que a su vez aporta la parte correspondiente a su cuota.

El coste total se sitúa ahora en casi 75 millones anuales y las compañías entienden que, con la inclusión de internet de banda ancha, ese coste se va a disparar. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha recomendado al Gobierno que estudie la posibilidad de que sean fondos públicos los que financien el coste.

Una vez entre en vigor el real decreto aprobado ayer, Industria procederá a aprobar los pliegos y convocará los procesos de licitación del servicio para designar, antes del 31 de diciembre del presente ejercicio, quién se encarga a partir del año que viene de atender cada una de las nuevas obligaciones.

El número de cabinas públicas se reducirá por la menor demanda

Las hay nuevas, como la citada de acceder a internet, y las hay que desaparecen o menguan. Se ha suprimido la obligación histórica de llevar cada año a la puerta de los abonados la guía de teléfonos. Solo se entregará si se pide. Para el resto, en soporte electrónico. Igualmente se actualiza el número de cabinas de teléfono. Deberá haber una cabina en todos los pueblos y luego una más por cada 3.000 habitantes.