De las numerosas medidas planteadas por los agentes sociales para evitar que se repitan incidentes como los de Pozuelo sólo una ya es segura: habrá más Policía. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer que se reforzarán las iniciativas policiales para que los actos vandálicos del pasado fin de semana 'no se vuelvan a repetir'. El responsable de Interior aseguró que, para paliar el problema, se actuará con la Policía Nacional y Local. No obstante, consideró 'pertinente' analizar los sucesos para 'ver lo que ha pasado y hacer una reflexión'.

Rubalcaba expresó, además, su confianza en que la jueza de Pozuelo que instruye el caso 'castigue a quienes han cometido un acto que es puro vandalismo'. Recordó que, en estos casos, es responsabilidad de la Justicia dar ejemplo con sus resoluciones, tanto en el aspecto de las penas individuales como procurando que 'se pague' la responsabilidad civil. A pesar de todo, el ministro calificó los incidentes de 'excepcionales' puesto que 'todos los fines de semana hay fiestas y no se producen estos actos de vandalismo'.

La intervención del departamento de Interior había sido reclamada con insistencia por el Partido Popular madrileño (que rige tanto en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como en el Gobierno regional). Por ese motivo, ayer se reunieron la Delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, y el Consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados.

En la reunión se acordó crear una comisión conjunta con la Federación Madrileña de Municipios que tendrá como objetivo revisar las carencias de la ley antibotellón. Valcarce y Granados no están seguros de que la ley sea suficiente, ya que abre la puerta a los botellones masivos en las localidades que celebran festejos populares, circunstancia que aprovechan adolescentes que se desplazan desde otros lugares.

Granados aseguró que el despliegue policial fue el 'habitual'

En la comisión conjunta se analizará la necesidad de 'cumplir y hacer cumplir' las leyes para evitar que los menores beban alcohol en la calle. Según Valcarce, sería responsabilidad de los ayuntamientos determinar en qué condiciones los adultos pueden consumir bebidas alcohólicas en zonas públicas.

Para la delegada, es preciso 'establecer una perfecta coordinación y protocolos para que las fiestas se organicen de manera que sean participativas y seguras'. Tanto Valcarce como Granados se mostraron de acuerdo en la necesidad de que los actos de vandalismo de Pozuelo no queden impunes. De hecho, la Delegación del Gobierno ha abierto un expediente administrativo para que se depuren estas responsabilidades. Según la Ley de Seguridad Ciudadana, se podrían imponer multas de hasta 30.000 euros por actos vandálicos, según la gravedad de los hechos.

Tras defender que el dispositivo policial de Pozuelo de Alarcón fue 'el habitual' para este tipo de fiestas locales, Granados aseguró que toda la culpa de lo ocurrido es 'de los energúmenos que se dedicaron a agredir a los policías, destrozar el mobiliario público y a violentar la convivencia'. Y añadió que esa responsabilidad 'no tiene que salir gratis' para que 'a ellos o a sus padres les cueste algo'.

La comisión, que se constituirá en otoño, pretende ir en su análisis más allá de las medidas represivas y restrictivas. Según Valcarce, se abordará la necesidad de crear planes locales para que los jóvenes disfruten de un ocio 'alternativo, de salud, en el que podamos garantizar que no se va a vulnerar su derecho a divertirse, pero que lo hagan de una manera sana'.

Rubalcaba llamó a 'hacer una reflexión' sobre los sucesos

Como medida preventiva, la localidad de Majadahonda, próxima a Pozuelo, reforzará la seguridad de las fiestas patronales que se celebran el próximo fin de semana. Según su alcalde, Narciso de Foxá, ha trascendido una convocatoria juvenil a través de Internet y SMS para repetir los incidentes de Pozuelo.

Por otro lado, la Confederación Española de la Policía (CEP) criticó ayer a Valcarce por que 'ha evitado defender el trabajo policial en Pozuelo'. 'El sacrificio y riesgo que asumieron los agentes durante unos altercados de gravedad extrema no pueden ser premiados con un silencio irresponsable', aseguró la CEP, que insta a la Delegación del Gobierno a liderar la respuesta frente a la violencia juvenil. 'Frente a esta espiral de gamberrismo, el trabajo de la Policía fue impecable y la delegada debe asumirlo públicamente', sentenció este sindicato a través de un comunicado.