El Valle de Tobalina se levantó este jueves con un anuncio a medias del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Radio Nacional sobre el futuro de la central nuclear de Garoña: 'Seguramente será una decisión criticada desde un lado y desde otro, pero es la que conviene al país, desde una política energética que mira al futuro y apuesta por las energías renovables'.

La primera crítica vino desde el propio sector energético, que mostró su 'malestar' porque la prórroga sea de cuatro años y no de 10 años como habían solicitado, señalaron a Público fuentes del sector. Consideran que 'la decisión se basa en criterios políticos e ideológicos' y esperarán a conocer la orden ministerial para estudiar un recurso, ya que argumentan que 'la central es segura y técnicamente viable 10 años más'.

Por su parte, las organizaciones ecologistas criticaron la maniobra del ministro de Industria, Miguel Sebastián, a quien atribuyen la prórroga de cuatro años. 'Se ha doblegado a las presiones del lobby nuclear y de las eléctricas, y con ello incumple el programa electoral', afirma el responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo.

A su juicio la prórroga hasta 2013 es 'un regalo de 1.000 millones de euros a las eléctricas, que tienen un beneficio anual de 250 millones con Garoña'. Ecologistas en Acción considera que es un 'fraude al electorado' y una 'decisión ilegal' y anunció que la recurrirá.

El Foro de la Industria Nuclear y la Sociedad Nuclear Española consideraron que la decisión no responde a razones técnicas, económicas, de seguridad, sociales o medioambientales, sino que sólo se debe a razones políticas.

Entre los grupos parlamentarios también se escucharon críticas. CiU lamentó que 'hayan primado los intereses electorales del PSOE frente al interés general' y que no se siga el informe del Consejo de Seguridad Nuclear que recomendaba diez años de prórroga. El PNV considera 'decepcionante' la decisión de aplazar hasta 2013 el cierre de la central, e ICV dijo que es una 'farsa' cerrar Garoña en 2013 'y no en el 2011 tal y como se había comprometido el presidente'.

Los sindicatos CCOO y UGT mostraron su rechazo y aseguraron que no entienden la decisión. Por el contrario, el alcalde de Miranda de Ebro, Fernando Campos (PSOE), señaló que cuatro años más es 'prudente', porque las empresas saben que las nucleares tienen fecha de caducidad y, en este tiempo, se puede desarrollar el plan alternativo, 'no como hizo Aznar con Zorita, que no dio elección'.