El instructor del expediente abierto al juez de Sevilla Rafael Tirado -que no ordenó ejecutar la sentencia que condenó por abusos a su hija al detenido por la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés- y el fiscal discrepan respecto de la gravedad de su actuación y de la sanción que debe serle impuesta.

Así, mientras el instructor designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea, califica los hechos como una "infracción grave", la Fiscalía cree que se trata de una falta "muy grave" de desatención o retraso injustificado y reiterado en la tramitación de una causa.

La diferencia es que, en el primer caso, la máxima sanción a la que se expone Tirado es una multa de 3.000 euros, mientras que de considerarse que cometió una infracción muy grave el castigo podría ser de suspensión por hasta 3 años, traslado forzoso o expulsión de la carrera judicial.

En una nota de prensa la Fiscalía recuerda que cuando el pasado 7 de abril la Comisión Disciplinaria del CGPJ acordó abrir un expediente a Tirado ya consideró que la falta podía ser calificada de muy grave.

"Tras analizar los hechos, el fiscal constata que, tras la denegación de la suspensión de condena de Santiago del Valle -el presunto asesino de Mari Luz- y el correspondiente auto de ingreso en prisión, que no pudo ser notificado por encontrarse el condenado fuera de su domicilio, el juez Tirado no adoptó ninguna resolución de búsqueda transcurriendo así más de dos años", dice la nota.

La Fiscalía añade que Tirado "tampoco examinó la ejecutoria en cuestión para comprobar las razones del retraso en el ingreso en prisión".

"El fiscal entiende que en estas circunstancias -incomparecencia del penado, no suspensión de condena-, lo procedente habría sido ordenar la busca y captura del penado Santiago del Valle, expidiendo las requisitorias pertinentes", agrega el comunicado.