El abogado de la infanta Cristina Miquel Roca ha asegurado este sábado que durante esta semana se pagarán los 587.413 euros que le pide la Fiscalía por responsabilidad civil.

En declaraciones a los periodistas tras la entrega del premio Reconocimiento Derecho y Sociedad impulsado por su bufete, Roca ha adelantado que el pago se hará 'el lunes o a principios de semana'.  

El abogado, que no prevé reunirse con la infanta esta semana, ha asegurado que el pago no se ha hecho antes por 'razones mecánicas, ya que hasta el jueves no hubo notificación', ha dicho.

La notificación a la que alude es la de los escritos de acusación, entre los que se encuentra los del fiscal que reclama para la infanta una fianza por responsabilidad civil de 587.000 euros por haberse lucrado de parte de más de un millón de euros que percibió de forma irregular su sociedad matrimonial Aizoon.

La defensa de la infanta se adelanta así al juez instructor, José Castro, que tiene que dictar el auto de apertura de juicio oral y definir a quiénes acusa y las razones de esta acusación.

El objetivo de este pago es evitar la foto de la infanta sentada en el banquillo, ya que asume que será exonerada por el juez instructor de responsabilidad penal en aplicación de la doctrina Botín.

La figura por la que el fiscal pide esta condena es la de 'partícipe a título lucrativo', que conlleva la devolución del dinero de quien se ha beneficiado de una cantidad obtenida por medio de un delito. Es la misma figura que ha llevado a la dimisión de Ana Mato como ministra de Sanidad después de que el juez instructor del caso Gürtel la señalara por haberse beneficiado de 36.000 euros de la trama corrupta. En el caso de la infanta, su beneficio es de 587.000 euros.

Lo habitual es que se siente en el banquillo la persona para la que se pide que devuelva el dinero de un delito como partícipe a título lucrativo. Así ocurre en la Audiencia Nacional con frecuencia. Y la presencia física del responsable civil se produce al menos en las cuestiones previas que se exponen en las primeras sesiones de la vista oral, aunque lo corriente es que asista hasta el final del juicio.

Esa es la foto que quiere evitar la defensa de la infanta al avenirse a lo que pide el fiscal.

La ley establece que sólo el juez instructor tiene la responsabilidad de decidir a quiénes acusa y exime, a través de un auto de apertura de juicio oral contra el que no cabe recurso.

Y frente a este auto que reflexiona ahora el juez Castro, la defensa de la infanta Cristina se adelanta, aunque puede pagar lo que pide el fiscal.

Castro debe decidir sobre Cristina de Borbón si aplica la doctrina Botín que sentó el Tribunal Supremo en diciembre de 2007 y que libró del banquillo al banquero Emilio Botín.

Esta doctrina establece que no cabe la acusación popular cuando no acusa ni el fiscal ni el afectado, en este caso la Abogacía General del Estado.

Sin embargo, esta doctrina se fijó para los delitos cometidos contra intereses particulares -como son los de los accionistas de un banco-, pero después el Tribunal Supremo creó la doctrina Atutxa, donde permite la acusación popular cuando el delito sea público, como son los delitos fiscales.

El caso de la infanta es mixto de ambas doctrinas, ya que tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado acusan de delitos fiscales a los otros tres implicados de la sociedad Nóos: Iñaki Urdangarín, su exsocio Diego Torres y la esposa de éste, Ana María Tejeiro.