El Ministerio de Industria asegura que 'no hay una decisión tomada' y que esta puede adoptarse 'cinco minutos antes' del tiempo límite (el final de la legislatura). Pero todo indica que los denominados pagos por disponibilidad, unos incentivos reclamados con insistencia por las eléctricas para compensar a las centrales de ciclo combinado (que queman gas natural) por el mayor uso de carbón nacional (que recibe ayudas públicas) van a quedarse en el cajón. Así lo aseguran varias fuentes del sector energético.

Si no se ponen en marcha, estas ayudas (que también beneficiarían a las plantas que queman carbón importado) se contarían entre las escasas exigencias de las eléctricas que estas no han visto satisfechas durante el mandato de Miguel Sebastián.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) se ha mostrado (en un dictamen no vinculante) en contra de su aplicación, por considerar que 'no pa-rece apremiante ni necesaria'.

En el sector no opinan lo mismo: creen que, si no se implantan, muchas centrales de gas están abocadas al cierre. Los ciclos combinados son vitales para el sistema porque sirven de potencia de respaldo (pueden encenderse de forma casi instantánea, a diferencia de una central nuclear) para cuando la demanda aprieta o si, por ejemplo, no hay viento.

Hace unos años, llegaban a aportar el 40% de la electricidad; ahora, con la demanda de capa caída, superan apenas el 20%. Sobran centrales. Por su parte, el carbón, uno de los combustibles más contaminantes, aportó en septiembre el 22% de la electricidad, casi el triple que un año antes (8%), gracias a los incentivos que recibe, concebidos para aliviar la crítica situación de la minería nacional.

En el sector atribuyen la paralización de las ayudas a una razón muy simple: cuestan dinero (unos 140 millones en seis meses) y elevarían aún más el denominado déficit de tarifa (desfase entreingresos y costes regulados). Es muy probable que la decisión de ponerlos en marcha o no, como tantas otras relativas al sector, quede para el próximo Gobierno.