Zapatero se enfrentará finalmente a su primera huelga general. Los dos principales sindicatos del país, CCOO y UGT, confirmaron ayer que convocarán un paro general para rechazar, y si es posible modificar, la propuesta de reforma laboral que el Gobierno aprobará este miércoles en Consejo de Ministros.

Las cúpulas de ambos sindicatos se reunieron ayer por separado y decidieron dar vía libre a la huelga, sin esperar a conocer el texto definitivo. Para los representantes sindicales, el borrador presentado por el Gobierno es lo suficientemente 'lesivo' y 'regresivo' con los derechos de los trabajadores, y no cabe esperar que el texto que se apruebe mañana pueda alterar su espíritu 'escorado hacia la patronal'. Además, las centrales temen que las aportaciones políticas recrudezcan el carácter lesivo del texto, por lo que han decidido tomar la iniciativa sin dilación.

Esta tarde los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, anunciarán la fecha de la huelga, que con toda probabilidad será el 29 de septiembre, según fuentes sindicales. La propuesta se votará este martes por la mañana en los máximos órganos ejecutivos de los dos sindicatos para refrendar la unidad sindical. El 29 de septiembre es la fecha para la que la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha convocado movilizaciones en toda Europa, y otros países pueden también organizar sus paros.

Sin embargo, la posibilidad de retrasar la convocatoria hasta el otoño suscitó el debate en el seno de las cúpulas sindicales. Fuentes de UGT presentes en el Consejo Confederal de ayer comentaron que, aunque la mayoría del sindicato se decantaba por la convocatoria de septiembre, se tomó la decisión de no cerrar la fecha a la espera del encuentro de esta mañana con la Ejecutiva de CCOO, informa Ana Tudela. 'Ante todo queremos que haya absoluta y estricta unidad de acción' entre los dos sindicatos mayoritarios, explicaron las citadas fuentes. Dentro incluso de UGT, algunas voces defienden que el paro general debería tener lugar antes del periodo estival.

La intención del Gobierno de tramitar la reforma laboral como proyecto de ley es un espaldarazo para la convocatoria de otoño. Aunque algunas medidas entrarán en vigor ya por la aprobación del decreto, muchas estarán en trámite hasta noviembre, por lo que la protesta sindical puede influir en la toma de decisiones. Además, la huelga recogerá también así el previsible descontento por las medidas previstas para retrasar la jubilación.

Los sindicatos quieren sincronizar sus tempos para lograr una huelga masiva y no como la que tuvo lugar en la Función Pública el 8 de junio. En este sentido, el portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, recuerda que una huelga general 'no se convoca por decreto ni por correo electrónico', por lo que hay que 'ir al centro del conflicto, que es la empresa'. En el mismo sentido se expresó el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, que aseguró que se han comprometido a que la huelga 'sea masiva '.

Ferrer cree que el Gobierno 'ha sido más sensible a la demanda empresarial que al movimiento sindical' o, en palabras de Lezcano, que el Gobierno ha escuchado más 'por el oído derecho que por el izquierdo'. CCOO asegura que con la reforma 'será más fácil y barato el despido, no va a acabar con la dualidad del mercado laboral y se debilita el papel de la negociación colectiva'. UGT apunta a que varias de las medidas de la reforma son inconstitucionales.

Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes, los tres ex ministros socialistas de Economía bajo el Gobierno de Felipe González, criticaron ayer la convocatoria de una huelga, informa Virginia Zafra.

Boyer asegura que 'no hay razón para la huelga' y que su convocatoria es 'asombrosa' e 'inaudita' ya que los trabajadores españoles conservan una protección mayor que la de países como Alemania.

Para Solchaga, la convocatoria está hecha con 'precipitación' y no se justifica por qué se va a la huelga. En su opinión, los sindicatos necesitan la 'foto' que no tuvieron con el pacto del Diálogo Social.

Solbes cree que se vive un momento de 'hipersensibilidad' y que los sindicatos deberán explicar las decisiones que tomen.