Honduras cumple mañana el primer aniversario del golpe de Estado que sacó del poder a Manuel Zelaya, rompiendo el proceso democrático abierto en 1980 y dejando al país en una situación de aislamiento en el exterior y fractura en el interior que aún no supera.

El primer año del derrocamiento de Zelaya se cumple en un ambiente de rechazo al Gobierno que desde el 27 de enero pasado preside Porfirio Lobo, por parte del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que condenó el golpe.

Una parte de la comunidad internacional también sigue sin reconocer al Gobierno de Lobo, mientras que el país continúa suspendido de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde el 4 de julio del año pasado, y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) aún no normaliza las relaciones por la oposición de Nicaragua.

El ex gobernante fue depuesto y enviado en un avión a Costa Rica, cuando promovía una consulta popular orientada a reformar la Constitución a pesar de tener una prohibición legal.

Zelaya, otrora líder del conservador Partido Liberal, que lo llevó al poder en las elecciones de noviembre de 2005, ahora reside en República Dominicana, adonde viajó el 27 de enero pasado, el mismo día que debía concluir su mandato de cuatro años y asumió Lobo, del Partido Nacional, también conservador.

Gran parte de la comunidad internacional sigue presionando para que Zelaya regrese al país con todas las garantías y que no se le persiga por cuestiones políticas, elementos que varios países de la región consideran condición necesaria para el reconocimiento del Gobierno de Lobo.

Sin embargo, contra Zelaya pende una orden de captura por cuatro presuntos delitos, entre ellos abuso de autoridad y traición a la patria, por lo que de regresar deberá responder ante los tribunales de justicia, sostiene el Fiscal General del Estado, Luis Rubí.

Hasta mayo pasado Lobo insistió en que Zelaya podría venir al país cuando quisiera y que nadie le haría nada, se le daría un tratamiento especial por su condición de ex presidente, lo que algunos sectores que apoyaron el golpe calificaron de injerencia del gobernante en asuntos del Poder Judicial.

A finales de mayo Lobo también indicó que estaba dispuesto a ir a traer él mismo a Zelaya a República Dominicana, y que sobre el tema ya había hablado con el presidente del país caribeño, Leonel Fernández.

En declaraciones recientes a Efe desde Santo Domingo, Zelaya dijo que no teme regresar a su país y que quiere hacerlo, pero que Estados Unidos se opone.

"Los Estados Unidos se oponen a mi retorno, como es evidente, protegen la impunidad de los golpistas", enfatizó Zelaya.

Lobo ha dado por "cerrado" el tema de Zelaya, quien entre otras cosas ha pedido a sus ex funcionarios que no respondan ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación que el actual presidente instaló el 4 de mayo pasado para que indague los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio de 2009.

El coordinador del FNRP, Juan Barahona, aseguró a Efe que por ahora "no hay ninguna condición para que él (Zelaya) ingrese al país, mientras estén los magistrados golpistas en el poder".

"Si él ingresa ahora su vida está en peligro, por eso la exigencia de que todas estas estructuras golpistas deben de cambiarse", enfatizó Barahona en alusión a los actuales magistrados del poder judicial, los fiscales del Ministerio Público y la cúpula militar.

El mismo día del golpe de Estado, el Parlamento hondureño primero presentó una supuesta carta de renuncia de Zelaya y después lo destituyó para colocar en su lugar a Roberto Micheletti, quien entonces presidía el Legislativo.

La mayoría de los diputados calificaron de sucesión constitucional la designación de Micheletti por Zelaya, cuyo derrocamiento dividió a los hondureños entre los "resistencias" que condenan el golpe y los "camisetas blancas" que lo apoyaron.

También provocó la división en el Partido Liberal, al que pertenecen Zelaya y Micheletti, quien tras cumplir como presidente de facto los siete meses que le restaban al gobernante derrocado regresó a sus actividades empresariales en el norte de Honduras.

Micheletti indicó a Efe que Zelaya "no tiene futuro político" y que "el Partido Liberal mantiene su condición democrática y quiere volver al poder de la nación" lo que, en su opinión, solo "se logra buscando la unidad entre los que quieren vivir en democracia y respetar la Constitución de la República".

Los más afectados por la crisis política de 2009 en Honduras son los pobres, que suman alrededor del 70 por ciento de los ocho millones de habitantes que tiene el país.