En la recta final antes del 1-O todos los bandos buscan cualquier apoyo que puedan unir a su causa. Mariano Rajoy consiguió este martes que el presidente de EE UU, Donald Trump, se posicionara a favor de que España "siguiera unida". En la línea del 'líder' de la diplomacia occidental, todos los gobiernos bajo la órbita OTAN han dado la espalda a la aspiración soberanista catalana. Pero los palacios presidenciales no son el único terreno donde se libra la batalla por el 1-O.

Una prueba de ello es que a pesar de que la Guardia Civil lleva dos semanas cerrando páginas web relacionadas con el referéndum, estas siguen surgiendo como setas. El activismo digital se ha posicionado del lado de la Generalitat y está haciendo uso de un valor intrínseco de Internet: los intentos de censura se combaten con extrema facilidad, más aún cuando quien trata de imponerla es un nodo tan pequeño como la jurisdicción española.

Los defensores del referéndum soberanista están utilizando viejas tácticas hacktivistas para mantener vivas las webs que lo publicitan y alojan información sobre dónde ir a votar, y el Partit Pirata de Catalunya tiene mucha culpa de ello. Pirates de Catalunya lanzó las primeras web-espejo de referendum.cat un día después de que esta fuera intervenida, y llamó a los rebeldes digitales a hacer lo mismo en defensa de la libertad de expresión. "Pusimos la situación en conocimiento de las comunidades hacker del mundo y sólo hicimos un ruego específico: que no se ataque a ninguna web del Estado español", explica Josep Jover, abogado del partido y candidato pirata en varios procesos electorales.

Julian Assange no fue el único que respondió al llamamiento de Pirates: hackers de todo el globo y las principales organizaciones internacionales que velan por el respeto de los derechos digitales han hecho suya la reivindicación catalana. Es fácil encontrar webs sobre el referéndum idénticas a la de la Generalitat de Catalunya en dominios tan dispares como piolin.cat (una mofa sobre la decoración del barco donde se alojan los policías desplazados a Barcelona por el 1-O), o las no menos burlescas referendum.ninja, referendum.love, marianorajoy.cat (esta ya desactivada tras detención del hacker que la creó, puesto en libertad el lunes) o del buque insignia de lucha contra la censura digital, wikileaks.org.

El cierre de webs, al TJUE

Las dos webs que replicaban a referendum.cat, y que Pirates de Catalunya lanzó bajo su propio dominio aunque alojadas en servidores de Francia y Alemania, fueron igualmente inhabilitadas (una, garanties.pirates.cat, sigue desactivada, mientras que referendum.pirata.cat ya ha sido redirigida) y sus poseedores, imputados.

La formación elevó este martes una petición a la Comisión Europea para que intervenga ante el cierre de las webs, llamándola a garantizar "de manera efectiva el derecho a la libertad de expresión" y proteger la "prestación de servicios y neutralidad de la red" que, entienden los piratas, se ven violadas por la orden española.

Ante la negativa de Bruselas a satisfacer esta petición, Pirates ha presentado este miércoles un recurso por omisión ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), denunciando a la Comisión por "haber permitido la vulneración de derechos de ciudadanos de la Unión". Esta iniciativa sigue la pauta marcada por la estrategia jurídica soberanista que reveló Público, que intentará por todos los medios que sean los tribunales europeos y no las salas de justicia españolas las que diriman sobre el derecho a decidir y todas las acciones en torno al 1-O. 

Apisonadora de derechos digitales

Más allá de los enconados debates que se suceden en estos días sobre España y su relación con Catalunya, la actuación del Gobierno y los jueces españoles vuelve a demostrar que la extensión a Internet de los derechos fundamentales que los ciudadanos tienen reconocidos en el mundo físico tiene graves deficiencias. 

La apertura de páginas web sobre el referéndum ha convertido al Partit Pirata de Catalunya en una de las formaciones con más imputados en relación a la consulta soberanista. Dos de sus miembros, así como cuatro simpatizantes, están siendo investigados por las autoridades. Entre estos últimos se encuentra el joven valenciano de 21 años que vio como la Policía registraba su domicilio, se incautaba de tres discos duros y cambiaba sus contraseñas "o cualquier medida de seguridad" que protegiera sus redes sociales y servicios de almacenamiento de datos, con el pertinente mandato judicial. Todo ello por publicar, presuntamente, listas donde los internautas podían informarse sobre el 1-O. Por procesos similares han pasado los diez imputados por replicar la web del referéndum,que quedaron en libertad este lunes.

Mensaje en Twitter del joven detenido, con información sobre la forma de consultar la página web del referéndum de Catalunya.

El cierre de webs o la violación de la privacidad de los usuarios por mandato judicial ha movido al grupo hacktivista Xnet a publicar una guía con herramientas digitales para proteger los derechos fundamentales en Internet. "Lo que está pasando en España estos días en relación con la situación en Catalunya es un hito importantísimo para la defensa de las libertades y derechos en la era digital en todo el mundo. La reacción del gobierno central ha mostrado la manifiesta necesidad por parte de toda la población -no sólo de quienes viven en Catalunya- de tener herramientas para poder garantizar sus derechos fundamentales de forma autónoma de cualquier tutela injustificada o arbitraria", justifica el grupo. La guía puede encontrarse aquí.

Pase lo que pase tras el 1-O y los días posteriores, los expertos anuncian que sus secuelas se dejarán notar durante años. También lo serán en el terreno digital, donde el cierre de webs ya ha provocado que se compare al Estado español con Turquía. Tal y como exponía la Electronic Frontier Foundation, la principal observadora de los derechos digitales a nivel internacional, "la toma de los dominios .cat es una preocupante señal de que el gobierno español pone sus propios intereses en apaciguar el movimiento independentista catalán por encima de los derechos humanos de sus ciudadanos a acceder a un Internet libre y abierto, y nos unimos a los catalanes ordinarios para condenarlo".