El futuro del sector financiero español está en sus horas clave. El Ministerio de Economía aprobará el viernes la nueva reforma y ya tiene prácticamente ultimados los detalles de cuáles serán las nuevas exigencias de saneamientos de los riesgos relacionados con el ladrillo, que en todo caso rondarán los 50.000 millones. Las pérdidas de valor que tendrán que asumir las entidades en sus activos inmobiliarios serán de una media que rondará el 50% (el 80% en el caso del suelo y las promociones en construcción que esténparadas), pero la gran novedad es que también deberán hacer algo similar, aunque en un porcentaje que rondará el 7% (puede llegar hasta el 11%), en los créditos concedidos a promotoras y constructoras y que estén totalmente al corriente de pago.

Esta última exigencia supondrá una aportación de unos 11.000 millones, dado que los créditos a estas empresas ascienden (según los datos de junio pasado) a unos 162.000 millones. Los otros 39.000 millones de nuevas provisiones corresponderán a los créditos dudosos y subestándar (a punto de ser impagados) y a los activos inmobiliarios en cartera.

Las entidades deben asumir una pérdida del 80% en el valor del suelo

Pese a la insistencia del Gobierno en que no habrá ayudas públicas, la realidad es que se creará una fórmula para darles apoyo, aunque no se consideren ayudas de Estado, porque no generarán déficit ni coste para los contribuyentes, en principio. El fondo de rescate (FROB) emitirá deuda para financiar al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que prestará ayudas a las entidades que no tengan capacidad de hacer estos saneamientos ni por sí solas ni después de haberse fusionado, unas operaciones que fomentará la nueva norma.

Pero más importante que la normativa son las consecuencias que de ella se van a derivar y que ya está haciendo moverse a las entidades para ver si pueden hacerlo solas o deben unirse.

La tan rumoreada fusión entre La Caixa y Bankia tiene su derivada en el mundo político. Las conversaciones políticas sobre esa eventual unión para crear un gigante financiero se han dado al más alto nivel, según fuentes conocedoras de los contactos. Pero los tiempos políticos no tienen ni el mismo ritmo ni la misma visión que los financieros.

El planteamiento sobre la unión de las dos cajas tiene su derivada política

Hoy, en el primer encuentro oficial entre Rajoy y Mas, la polémica unión de estas entidades previsiblemente va a estar sobre la mesa. Francesc Homs, el portavoz de la Generalitat, dijo ayer que en la reunión de hoy 'se hablará de todo'.

Bankia es la pieza clave sobre la que pivotan todas las presiones que la gran banca está ejerciendo estos días para suavizar o endurecer, según los intereses de cada entidad con respecto a las fusiones, la reforma del sistema financiero. Dependiendo de cómo sean de duras las exigencias que imponga el Gobierno a las entidades para limpiar sus balances de activos inmobiliarios tóxicos, Bankia puede quedar en un buen lugar o en malo. Esto último la colocaría como pieza para una nueva fusión que tendría que ser encabezada, necesariamente, por una entidad de mayor tamaño, como La Caixa, Santander o BBVA.

El problema de una hipotética fusión entre La Caixa y Bankia es que conllevaría un gran recorte de oficinas y personal por las duplicidades que surgirían. Además, harían falta ayudas públicas. Aunque la presión del sector financiero puede hacer cambiar el planteamiento.

En la reforma del sistema financiero, hay cuatro claves que determinarán si serán pocas o muchas las entidades, incluida Bankia, que no queden al borde de tener que ser rescatadas por otras vía una fusión, según fuentes conocedoras del proceso. La primera de ellas es que las provisiones se calculen sobre los activos ponderados, para que sea más bien un promedio al que se le quite efectos coyunturales. Por otro lado, sería necesario que las participaciones preferentes (títulos de deuda emitidos por las entidades) pudieran ser canjeadas por acciones, con lo que bancos y cajas podrían aumentar en parte su colchón de solvencia.

A esto se une que muchas entidades financieras piden flexibilidad en la fórmula de cómo cargar ese saneamiento vía provisiones (una bolsa de reservas) y también en el plazo para hacerlo. El Gobierno, que no quiere alargarlo más allá de 2013, les permitirá sanear una cuarta parte contra capital y el resto contra resultados.