Un informe de la Guardia Civil aportado al juzgado que investiga los ERE fraudulentos dice que dos directores generales de Empleo y "responsables de la Consejería" siguieron dando formas a las resoluciones "arbitrarias" del director general Francisco Javier Guerrero, ya imputado.

En su informe sobre la empresa Calderinox, al que ha tenido acceso Efe, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma que Guerrero concedió en febrero de 2008 una "ayuda excepcional" a esa empresa de 432.728 euros "de forma arbitraria", pues la cantidad "duplicaba la solicitud sin ningún tipo de justificación".

En las ayudas a Calderinox aparecieron dos "intrusos" que nunca habían trabajado en la empresa y que, según la Guardia Civil, fueron incluidos únicamente por su cargo: Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado provincial de la Consejería de Trabajo, y Antonio Fernández Garzón por su condición de afiliado al sindicado CCOO, tomador de la póliza.

Tras los actos de Guerrero, sus sucesores Juan Márquez Contreras y el actual titular, Daniel Rivera, ya imputados por la juez Mercedes Alaya, "dan forma y continuidad a los acuerdos" y en el caso del primero de ellos firmó en diciembre de 2009 la concesión de las ayudas incurriendo "en varias omisiones intencionadas y falsedades".

Los sucesores de Guerrero en la Dirección General y los responsables de la Consejería "han continuado y han dado forma a los acuerdos a los que se comprometió éste, incumpliendo los trámites y sin la existencia de expediente alguno, mediante resoluciones posteriores en las que se ordenen pagos y se da por hecho la concesión de dicha ayuda", señala el informe.

La UCO implica también en las irregularidades de Calderinox al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, ya imputado, que fue "el primer eslabón de la cadena", tuvo "conocimiento de todo lo que sucedía y participó en la inclusión de los intrusos".

Las conclusiones sobre la tramitación administrativa afirman que la ayuda excepcional y la ayuda sociolaboral a Calderinox "se han tramitado y concedido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en el marco normativo aplicable".

Además, la Guardia Civil manifiesta que la información reservada abierta por la Junta "incurre en errores graves", lo que hace suponer a los investigadores que "su única finalidad es poder afirmar que desde la Junta de Andalucía se ha iniciado una investigación tendente a esclarecer las irregularidades".

A su juicio, las irregularidades se extienden a la gestora Vitalia Vida, que "inflaba artificialmente los costes a fin de obtener un mayor beneficio por su mediación" y en este caso la diferencia fue de 221.275 euros entre los 1.014.885 euros consignados y los 793.610 euros que corresponderían para los mismos trabajadores incluidos.