Entidades de la sociedad civil han rechazado la indemnización —de unos 1.350 millones de euros— que el Real Decreto Ley 13/2014 garantiza a la empresa Escal UGS para renunciar a la concesión del almacén submarino de gas Castor y urgen a los partidos a impugnarlo ante el Constitucional. Entre los grupos que se oponen a esta indemnización figuran la Alianza contra la pobreza energética, la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Las organizaciones urgen a los representantes de los diferentes grupos políticos para que un mínimo de 50 diputados o senadores impugnen el real decreto ante el Tribunal Constitucional antes de que termine el plazo para presentarlo, el 3 de enero de 2015.

Las organizaciones firmantes del manifiesto que han hecho público hoy hacen un llamamiento para que la ciudadanía no pague la deuda del proyecto y para que las instalaciones sean desmanteladas, dos demandas, aseguran, que el real decreto imposibilita.

Escal UGS, participada en el 66,6% por ACS, presentó su renuncia el pasado verano a la concesión del almacén y hace poco más de un mes se aprobó el real decreto que le garantiza una indemnización de 1.350 millones de euros, a cargo del sistema gasista, permitiendo también la hibernación de las instalaciones indefinidamente. El plazo para el pago de la indemnización a Escal UGS terminará este viernes.

Las organizaciones firmantes apoyan la hipótesis de que, en la práctica, la cantidad total que asumiría la ciudadanía podría ascender a más de 4.700 millones de euros, a pagar durante 30 años.

A esta cantidad hay que añadir los 100 millones de euros anuales para el mantenimiento de las instalaciones, más otros costes de operación y administración en que incurra Enagás, el nuevo gestor de las instalaciones, y que también se irían aplicando en la factura del gas.

Las organizaciones denuncian que en un momento de especial fragilidad económica por el aumento del desempleo y los recortes sociales, 'donde la pobreza energética ya afecta al 17% de la población, la ciudadanía verá como sus facturas se incrementan aún más'.

Las organizaciones firmantes también proponen la participación de la ciudadanía en una recogida de firmas a través de la plataforma Avaaz para dar su apoyo a la impugnación y presionar en el cumplimiento de estas demandas.

El almacén de gas, situado en el subsuelo del Mediterráneo cerca de la costa de Vinaròs (Castellón) y cuya construcción se paralizó en septiembre del año pasado al detectarse seísmos en la zona, será hibernado, lo que significa que no habrá ninguna inyección o extracción de gas en el subsuelo, aunque esta situación se podrá revertir en el futuro si los estudios técnicos lo aconsejan.