Miles de ciudadanos griegos, hasta 10.000 según la Policía de Atenas, salieron ayer a la calle para protestar contra el nuevo paquete de austeridad que desmantelará buena parte del sector público nacional. Los llamados por los sindicatos a manifestarse eran en su mayoría empleados públicos, que sufrirán despidos y el cierre de sus empresas. Con el cartel de 'No vamos a vender', los concentrados pretenden minar la mayoría parlamentaria que el primer ministro, Yorgos Papandreu, asegura tener para aprobar las nuevas exigencias de la Unión Europea y el FMI. La primera privatización tuvo lugar esta semana, cuando la alemana Deustche Telekom se hizo con un 10% más de la Organización de Telecomunicaciones helénica por 400 millones de euros. Sin embargo, si Grecia quiere seguir recibiendo dinero de la UE y el FMI, tendrá que cerrar otras empresas públicas, despedir a funcionarios y privatizar entidades estratégicas en el sector de la energía o los suministros.

La UE promete a cambio un rescate que podría alcanzar los 90.000 millones de euros, según aseguró el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, en una reunión con diputados de su partido en Berlín. Sin embargo, sólo un tercio de esa cantidad serían préstamos de la UE y el FMI. Otro tercio sería costeado por las privatizaciones griegas, que tienen que alcanzar los 50.000 millones en los próximos años, y el restante por los inversores extranjeros en deuda griega, que aliviarían las presiones de Grecia manteniendo su exposición, según el plan de Berlín.