SEVILLA.- Greenpeace ha desplegado este lunes en la fachada de un hotel de Sevilla una pancarta de 65 metros, con el lema Aquí negocian carbón por salud, contra las eléctricas y los gobiernos europeos que se reúnen en la capital andaluza para fijar la nueva normativa de contaminación del aire. Desde hoy hasta el día 9 de junio las delegaciones de los distintos países europeos decidirán los límites para la nueva Directiva Europea de Emisiones Industriales.

Los activistas llevaban mascarillas protectoras contra la polución y pancartas en las que se leía Las eléctricas negocian tu salud aquí y ahora y Stop killer coal. Agentes de la Policía Nacional están desplegadas en la fachada lateral del hotel Meliá Lebreros de Sevilla, donde se encuentra la pancarta, y ha acordonado la zona, aunque no se han registrado incidentes.

Según ha declarado a Efe Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, están protestando por el proceso "poco transparente" por el que las delegaciones europeas se reúnen con representantes de la industria para decidir sobre "la salud de los ciudadanos pensando en el benéfico particular".

"En concreto, en España la delegación esta compuesta por once miembros, siete representantes de la industria y cuatro de las eléctricas que a su vez son propietarias de las térmicas", según Nuño. Las eléctricas que se encuentran en la delegación Española son Iberdrola, Endesa (2 personas), Gas Natural (2 personas), Elcogas, HC Energía y la patronal de las eléctricas, Unesa, según la organización ecologista.

Estas delegaciones, según Greenpeace, serán las encargadas de decidir la nueva normativa de los límites de emisiones contaminantes, que regulará las térmicas de carbón en Europa en los próximos 10 años, "pensando solo en el beneficio económico".

Según Nuño, la Unión Europea "debe poner unos límites de emisión mucho más estrictos, con criterios de salud para los ciudadanos y para la sostenibilidad del planeta".

El último informe de Greenpeace señala que aplicando las mejoras técnicas y estableciendo límites estrictos de emisión, el ahorro para la Unión Europea seria de cerca de seis millones de euros anuales, reduciendo los riesgos que estos contaminantes tienen para la salud.