La demanda en la que el Gobierno, a través de la Abogacía General del Estado, pide al Tribunal Supremo que prohíba la inscripción de Sortu sostiene que el rechazo al terrorismo de la nueva marca abertzale es "cosmético" y que forma parte de una estrategia de la que ETA es "motor" y actor principal.

Para los servicios jurídicos del Estado, el único propósito del complejo ETA-Batasuna desde las últimas elecciones es acceder "como sea" a un "instrumento partidario legal" que les permita volver a las instituciones, y creen patente la subordinación de Sortu a esa estrategia de la organización terrorista.

De este modo, destacan que los estatutos de Sortu no condenan el terrorismo de ETA, sino que con una "forzada perífrasis" se limitan a manifestar su "voluntad y deseo" de contribuir a la definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia.

La Abogacía General del Estado, tras analizar los informes elaborados por la Policía y la Guardia Civil, concluye que ese rechazo estatutario del terrorismo es "cosmético, retórico e instrumental, no real", y que no es suficiente para demostrar que se han roto totalmente los vínculos con el mundo etarra.

"El nuevo partido, promovido por y desde la izquierda abertzale-Batasuna, nace y se presenta con un marcado alejamiento táctico de la violencia, pero sin una sola condena real para el uso del terrorismo como instrumento de acción política", alega la demanda, que echa en falta una condena de los actos terroristas cometidos por ETA en el pasado.

En este sentido, subraya que los promotores de Sortu y sus portavoces no han realizado "ninguna condena, crítica ni rechazo de lo hecho por ETA en sus cincuenta años de existencia, que pareciera asumirse como parte del patrimonio o acervo de la izquierda abertzale".

Así, añade que lo que Sortu pretende es, "aparentemente, contribuir a que desaparezca la violencia de ETA, pero una vez los fines de ETA hayan sido conseguidos, porque ETA considera que ya no es preciso seguir. Y, mientras tanto, la subordinación del nuevo partido a la estrategia de ETA o, en el mejor de los casos, su coordinación con la organización terrorista, resulta patente".

También hace hincapié en que son las mismas personas que hasta hace unos meses "jaleaban a los asesinos de ETA" las que ahora manifiestan estar lejos de la violencia, "la misma izquierda abertzale" que presenta a inscripción un nuevo partido.

La Abogacía General del Estado hace también un análisis de los comunicados, incluido el del pasado 10 de enero, en los que ETA ha anunciado treguas o altos el fuego, y en ninguno -indica- se dice que la organización terrorista vaya a desaparecer y a dejar de matar.

Su conclusión es que "ETA no se ha disuelto, no se ha transformado en partido político ni ha manifestado de ningún modo su propósito de cesar en su empeño de conseguir objetivos políticos mediante la actividad terrorista. La actual estrategia de ETA pasa por apoyar la legalización del partido de la izquierda abertzale".

En definitiva, la Abogacía del Estado cree que "el intento de constitución de un nuevo partido forma parte de una estrategia política sincronizada de la que ETA es motor y parte actora principal".

Para sostener esta afirmación recuerda que en unos pocos días tienen lugar el comunicado de ETA (el pasado 10 de enero), la presentación de Sortu (el 9 de febrero) y, por último, el 14 de febrero, la reunión en Bilbao del Grupo Internacional de Contacto (GIC) autor de un comunicado que recoge en lo sustancial las propuestas de ETA-Batasuna.

"Que ello forma parte de una estrategia para obtener resultados políticos por parte de ETA, declarando o revocando su tregua unilateral, sincronizadamente con otros instrumentos o iniciativas, resulta aparatosamente visible", afirma.