El Gobierno va a introducir 3.000 dispositivos con GPS incorporado que se colocarán a los maltratadores para asegurar que se cumplen las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género, informó el miércoles el Ministerio de Igualdad en un comunicado.

La medida entrará en vigor en todo el territorio a partir del 24 de julio y, según medios, en una fase inicial los dispositivos cubrirán un 10% de las órdenes de alejamiento.

En lo que va de año, 10 de las 26 mujeres que han muerto por maltrato habían presentado una denuncia y 9 contaban con medidas de protección, según datos del Ministerio de Igualdad de finales de junio. Son cinco muertes menos que las registradas hasta la misma fecha en 2008.

Cada uno de los 3.000 dispositivos contiene tres terminales, dos que llevará el maltratador y uno la víctima, y con ellos Igualdad, en colaboración con Justicia e Interior, quiere mejorar la protección y tener un mayor control sobre las medidas de alejamiento.

Los tres ministros -Bibiana Aído, Alfredo Pérez Rubalcaba y Francisco Caamaño- así como responsables del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, han firmado además un protocolo para homogeneizar las actuaciones en toda España.

El plan para distribuir 3.000 pulseras coincide con la publicación de un informe de Amnistía Internacional que reclama que España debe garantizar una vida sin violencia, no sólo de género, para todas las mujeres y niñas.

'En los últimos años, ha avanzado bastante en la lucha contra una determinada forma de violencia, la que se produce en el contexto de la pareja y la ex pareja', declaró Itziar Ruiz-Giménez, presidenta de Amnistía Internacional en España en un comunicado.

'Sin embargo, es alarmante que no haya un plan marco para prevenir todas las formas de violencia sexual, proteger a todas las víctimas, haciendo especial hincapié en las niñas y las víctimas de trata, y procesar a los responsables', agregó.

Amnistía destaca que le preocupa especialmente la falta de datos fiables sobre la violencia sexual y trata de personas, la inadecuada legislación y planes para la correcta atención de estas víctimas o la ausencia de mecanismos de prevención.

La ONG critica que la definición de trata no esté incluido en el código penal y que muchas veces se trate a estas mujeres como simples inmigrantes.