Si no hay un nuevo cambio de planes, el Consejo de Ministros aprobará el viernes la privatización del 49% del capital de Aena, la sociedad que controla los aeropuertos españoles de titularidad pública. La decisión debía haberla tomado el Gobierno en su reunión de la semana pasada, pero no fue así debido a los reparos que opuso el titular de Economía para sorpresa de algunos de sus compañeros.

Luis de Guindos expresó a última hora sus dudas sobre la conveniencia de que la carta de conformidad que debe acompañar la documentación preceptiva sea firmada por PricewaterhouseCoopers (PwC), dada su condición de auditora de Aena. Ante ello se optó por solicitar nuevos informes jurídicos que aclaren si puede haber un conflicto de intereses susceptible de dar al traste con la operación. En el entorno del ministro sostienen que debió abrirse un concurso para adjudicar la carta de conformidad, aunque eso hubiese alargado el calendario de la privatización. Y recuerdan que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente de Economía, acaba de sancionar con doce millones de euros a Deloitte, precisamente por haber informado la salida a Bolsa de Bankia, pese a ser una de sus consultoras.

Los defensores del procedimiento seguido arguyen, por su parte, que en el 90% de los casos la carta de conformidad es del propio auditor de la compañía, pues se supone que la conoce mejor que nadie. Esa circunstancia, además, está contemplada en la normativa europea e incluso debe cumplirse necesariamente en algunos países, como Estados Unidos. Se da la circunstancia de que Luis de Guindos trabajó para PwC desde la quiebra de Lehman Brothers, de la que era responsable para España y Portugal. Primero fue director de la división financiera y luego estuvo al frente de un centro fundado en colaboración con el Instituto de Empresa, hasta su nombramiento como ministro.

Si los informes jurídicos no son favorables al doble papel de PwC, la privatización de Aena sufriría una importante demora y difícilmente podría culminar antes de 2015. Los coordinadores de la salida a Bolsa, muy molestos con la situación, se lo han hecho saber así al Ministerio de Fomento, que controla al gestor aeroportuario a través de Enaire.

En cambio, si nada se interpone en el camino iniciado por el Gobierno, sería posible mantener el 12 de noviembre para el lanzamiento de la oferta pública de venta (OPV), como está previsto. Aunque no se descarta aplazarla unos días a fin de recuperar la semana perdida y que, de este modo, los plazos sean algo menos ajustados.

De todas formas, la privatización de Aena en realidad ya está en marcha: un 21% de su capital ha sido adjudicado directamente a tres grandes inversores que formarán el nuevo núcleo duro junto con el Estado, cuya participación seguirá siendo mayoritaria. Se trata de Corporación Financiera Alba, propiedad de los March; de Ferrovial, que cuenta con una amplia experiencia internacional en el sector aeroportuario, y del fondo británico The Children's Investment Found (TCI).

La OPV, pues, afectará al otro 28%, que será absorbido casi íntegramente por el tramo institucional, toda vez que a minoristas y trabajadores sólo se les ha reservado una décima parte. Con ello, el Gobierno pretende minimizar el impacto social de un eventual fiasco, sobre todo después de la salida a Bolsa de Bankia, que arruinó a cerca de 300.000 particulares. Esa decisión limita las posibilidades de los ahorradores de aprovechar los hipotéticos beneficios de la operación. El tramo minorista fue muy superior en las principales privatizaciones llevadas a cabo a finales de los noventa bajo los gobiernos de Aznar, como las de Telefónica (30%), Repsol (50%), Endesa (80%) o Iberia (67%).

Quienes seguro que sacan partido son los colocadores de la salida a Bolsa, capitaneados por Santander, BBVA, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley. Se embolsarán entre un 0,23% y un 0,29% del importe de los títulos que vendan a sus clientes, con lo que su comisión total puede llegar hasta los cinco millones de euros. También sobre los medios de comunicación caerá una lluvia de dinero, aunque bastante menos copiosa que la prevista para la fallida privatización de Loterías en la recta final de la última legislatura socialista. Serán siete millones en campañas de publicidad antes de que finalice el presente año (entonces se presupuestaron catorce).

Por su parte, el Estado, al mantener un 51% del capital de Aena, continuará controlando la compañía e ingresará entre 3.000 y 4.000 millones de euros, dependiendo del precio que finalmente se fije para la OPV. A cambio, deberá compartir la gestión con el resto del núcleo duro y los beneficios (715 millones de euros en 2013) con todos los nuevos accionistas.