El Gobierno británico presentó hoy un duro ajuste presupuestario con el que la coalición de conservadores y liberal-demócratas quiere reducir en el plazo de cinco años el abultado déficit del Estado, estimado actualmente en torno a los 155.000 millones de libras (unos 176.000 millones de euros).

El plan incluye recortes en el gasto social e incrementos impositivos y fue presentado ante la Cámara de los Comunes por el ministro de Economía, George Osborne, que calificó las medidas incluidas en el nuevo presupuesto como "duras, pero justas".

"Los años de deuda y de gasto han hecho que esto sea inevitable", dijo Osborne en referencia a los últimos 13 años de gobiernos laboristas y con el objetivo de justificar el ajuste más severo de las cuentas del Estado británico desde la década de 1980.

Osborne anunció una prórroga de la congelación salarial en el sector público durante dos años para quienes cobren anualmente más de 21.000 libras (25.300 euros), la suspensión durante tres años de las ayudas por hijos y la eliminación de los incentivos familiares en el caso de hogares con ingresos superiores a las 40.000 libras.

Los recortes en derechos sociales afectarán a amplios sectores de la población, porque también implican una aceleración del proceso para retrasar la edad de jubilación a los 66 años y una limitación de las ayudas de vivienda para los sectores más desfavorecidos.

Además, las personas que reciben subsidios por minusvalía deberán someterse a nuevos exámenes médicos para valorar su situación.

Todo ello forma parte de una reestructuración presupuestaria con la que el Gobierno que lidera el conservador David Cameron quiere ahorrar 11.000 millones de libras hasta el año fiscal 2014-2015.

La única concesión del nuevo presupuesto fue el aumento de la tasa básica impositiva para las personas físicas, que se incrementa hasta las 7.745 libras anuales, lo que beneficiará a 880.000 personas que a partir de ahora no tendrán que pagar impuestos.

"Es un presupuesto de emergencia, así que déjenme hablarles con claridad de la emergencia que afrontamos. El Gobierno de coalición ha heredado de su predecesor el mayor déficit presupuestario de cualquier economía en Europa, con la excepción de Irlanda", dijo Osborne.

"Una de cada cuatro libras que gastamos es prestada. Lo que no hemos heredado de nuestros predecesores es un plan creíble para reducir este déficit récord", señaló.

De no tomarse estas medidas para reducir el déficit, argumentó Osborne, la credibilidad del país en los mercados internacionales se verá afectada, con "catastróficas" consecuencias.

Otras medidas de calado macroeconómico del presupuesto tienen por objetivo estimular la actividad de las empresas, generar empleo, incrementar los ingresos del Estado y evitar nuevas crisis.

A partir de enero, el Gobierno introducirá un nuevo impuesto a los bancos, mientras que el 4 de enero de 2011 el IVA pasará del actual 17,5% al 20% por ciento, lo que generará unos ingresos anuales de 13.000 millones de libras (14.820 millones de euros).

El impuesto de actividades económicas, que está en el 28 por ciento, será reducido el año próximo al 27% y después, un 1% anual durante los tres años siguiente, hasta el 24%.

Con estas cuentas generales del Estado, el Ejecutivo está decidido a "animar a las empresas, porque son los negocios y no el Gobierno las que crearán los empleos en el futuro", explicó Osborne.

El presupuesto se configuró sobre la base de que el crecimiento económico se situará este año en el 1,2% y de que subirá paulatinamente hasta llegar al 2,7% en 2015.

En cuanto a la inflación -que actualmente se sitúa en el 3,4%- el Gobierno prevé que termine 2010 en el 2,7%, mientras que la tasa de desempleo -que está en 7,9%- se situará en el 8,1% a finales de año, para bajar al 6,1% en 2015.

La oposición laborista calificó de "irresponsable" el presupuesto y su líder en funciones, Harriet Harman, aseguró que serán los que menos tienen los que soportarán el peso de los recortes.

"Éste es un presupuesto 'tory' que echará a la gente de sus trabajos, que frenará el crecimiento económico y que dañará servicios públicos vitales", declaró Harman en el Parlamento.

Los principales sindicatos fueron igualmente críticos con el plan del Gobierno, al que acusaron de "declarar la guerra" al sector público, en palabras del Dave Prentis, secretario general de Unison.

El secretario general de Unite, Derek Simpson, aseguró por su parte que es el mayor ataque contra los servicios esenciales del Estado en una generación y añadió: "Hoy la máscara ha caído y ha revelado lo que es este Gobierno: tories que recortan drásticamente el gasto social y que son amigos de los ricos y los poderosos".