El Gobierno aprobó el viernes un amplio paquete de medidas que atañe a la transposición de la directiva de servicios europea cuya puesta en marcha servirá a para dar un impulso adicional al crecimiento económico y a la generación de empleo.

El sector servicios representa casi el 67 por ciento del Producto Interior Bruto de España. Esta nueva normativa va a agilizar los trámites con la administración y asegura la transparencia.

El Ejecutivo prevé que, tras un plazo aproximado de entre 3 y 3 años y medio estas medidas puedan aportar alrededor de 1,2 puntos porcentuales al PIB así como la generación de hasta unos 200.000 empleos.

Con la nueva normativa sobre transposiciones de servicios se eliminarán las autorizaciones administrativas que no estén justificadas. Además, se garantizará la libre prestación de servicios para prestadores ya establecidos en otro Estado miembro, que quieran ejercer temporalmente una actividad de servicios en territorio español.

También contempla la simplificación al máximo de todos los procedimientos administrativos y limita el uso de trámites físicos a situaciones muy excepcionales. Asimismo, pretende reforzar los derechos y la protección de los consumidores.

Además modifica distintas leyes sobre el libre acceso a la actividad de servicios.

En cuanto a los colegios profesionales, la nueva directiva elimina las restricciones injustificadas de los servicios profesionales.

También se suprime la función de los colegios de fijar baremos orientativos de honorarios o cualquier otra recomendación sobre precios.

MÁS GARANTIAS PARA INVERSORES EN EMISIONES AVALADAS POR ESTADO

El Gobierno también ha acordado dar más garantías para los inversores en emisiones de entidades de crédito avaladas por el Estado.

Con este fin, ha modificado el anterior Decreto-Ley sobre medidas urgentes en materia económico-financiera.

A partir de su aprobación, en caso de producirse un impago de las emisiones avaladas por el Estado, el inversor recibirá una compensación durante el tiempo que transcurra el impago por parte del emisor y el pago por parte del Estado de las cantidades avaladas.

Esta modificación asegura que las emisiones realizadas con aval del Estado tendrán la misma calificación que el Reino de España por parte de las agencias de rating.

ESTADO EN OPERACIONES DE SEGURO DE CRÉDITO

Para respaldar la actividad empresarial, el Estado participará en el reaseguro de las operaciones de seguro de crédito.

Sobre esta materia, para favorecer el acceso de ciudadanos y empresas a los seguros de crédito y caución, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) podrá aceptar los riesgos relacionados con las coberturas, transmitidos por las entidades aseguradoras.

Las medidas se articularán mediante la firma de un convenio entre el CCS y UNESPA al que se adherirán las entidades aseguradoras. En este instrumento el CCS ofrecerá la aceptación de los riesgos a través de un doble sistema de reaseguro basado en modalidades de contrato proporcional y stop loss.

En aplicación de esta medida se podrá incluir a las operaciones aseguradoras en vigor desde el 1 de enero de 2009.

El Gobierno prevé que el CCS acumule pérdidas los dos primeros años de la puesta en práctica de esta Ley para iniciar una recuperación a medida que cambie el ciclo.

/Por Manuel Maria Ruiz/