El Gobierno considera que la renta básica de emancipación –la ayuda de 147 euros anuales para el alquiler de viviendas a los jóvenes con salarios inferiores a 22.000 euros anuales– ha generado una 'gran' desigualdad e 'injusticia' en su aplicación. De hecho, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, ha dicho este miércoles que el 25% de los alquileres que han contado con ayuda superaban los 630 euros al mes e incluso los 1.000 euros y que el 20% de las ayudas se han destinado en los últimos años a familias con más de 22.000 euros al año mediante procedimientos irregulares como poner el contrato de arrendamiento a nombre de otra persona, generalmente joven, con unos ingresos menores a esta cantidad.

Esta es la excusa a la que ahora se agarra el Gobierno del PP para volver a meter la tijera a esta ayuda. El pasado verano recortó en 53 euros las ya concedidas y convino no aceptar nuevas solicitudes. El nuevo Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y renovación urbana 2013-2016 que prepara el Ministerio de Fomento limitará las ayudas al alquiler en función de la renta de la unidad familiar y no de los ingresos individuales, lo que, según el Gobierno, eliminará irregularidades. Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, Catalá ha explicado que la limitación de esta cuantía evitará subvencionar alquileres elevados y financiar aquellos sin asignar una cuantía fija.

Según el Ejecutivo estas ayudas se destinarán a las familias que más lo necesitan, superando las ineficiencias en la aplicación de los recursos públicos que se han registrado años atrás. El objetivo de este plan, que se presentará en breve al Consejo de Ministros, es superar las políticas anteriores, cambiar el modelo seguido, que ha subvencionado en exceso la promoción de viviendas, impulsar la vivienda en alquiler, la rehabilitación y la regeneración urbana.

En este contexto, Catalá ha afirmado que es condición 'indispensable' fomentar la cooperación entre las distintas administraciones autonómicas y lograr la cofinanciación de los programas, un punto que ha calificado de 'imprescindible'. Con este plan, Fomento pretende 'dar la vuelta' a dos legislaturas basadas en una política de vivienda que no vio la crisis y que no hizo nada para corregir la burbuja inmobiliaria, ha subrayado Catalá, al tiempo que ha señalado que entre los objetivos se encuentra también la reactivación del sector y de la economía.

Por otro lado, ha explicado que parte del problema del sector ha sido el 'excesivo' peso de la vivienda en propiedad, que ha generado distorsiones. El plan busca ofrecer una alternativa eficaz a la compra, con precios más competitivos y que constituyan una verdadera opción de acceso a vivienda, ha explicado. Por ello, Fomento estudia distintos modelos europeos que sirvan de referencia, como el de Estrasburgo, con alquileres con precios moderados a personas con recursos modestos, al tiempo que tiene previsto revisar la promoción a la construcción nueva ya que ha generado en estos últimos años compromisos de gasto que 'hipotecan los futuros planes de vivienda'.

Y es que, el alquiler en España representa el 17 % del total frente al 33 % de la media europea, mientras que sólo el 25,6 % de las familias con bajos niveles de ingresos apuesta por esta opción, frente al 53 % del resto de países de nuestro entorno.