Esta organización, cuyas actividades fueron declaradas ilícitas por el juez Baltasar Garzón al considerarlas parte de ETA, es heredera de la Comisión pro Amnistía de Guipúzcoa, nacida en Euskadi a finales de 1976 con la finalidad de lograr la excarcelación de los presos etarras del franquismo y que quedó disuelta en 1977.

En 1979, la decisión de ETA de mantener la violencia después de la aplicación de la amnistía, determinó que sectores afines a la banda terrorista crearan las Gestoras pro Amnistía.

El 31 de octubre de 2001, la policía descabezó política y económicamente Gestoras pro Amnistía en la operación Udazken (Otoño) dirigida por Garzón, que imputó a los 13 detenidos un presunto delito de pertenencia a ETA y ordenó el bloqueo de 22 cuentas bancarias. El 2 de noviembre, once de los detenidos ingresaron en prisión incondicional. El portavoz de Gestoras, Juan María Olano, fue detenido el 3 de diciembre de 2001 en la localidad vascofrancesa de Bayona y extraditado a España el 13 de noviembre de 2003.

En el sumario 33/01, el juez fundamentó la imputación de pertenencia a banda armada en que los miembros de Gestoras siguen las instrucciones imperativas de ETA en las funciones de disciplina, control y sostenimiento de los presos y refugiados de ETA.

Considera que forman parte en el organigrama de ETA, de la dirección del frente de 'makos' (cárceles), que además se encarga supuestamente de la recepción de instrucciones y canalización de la violencia callejera y la financiación de los deportados y refugiados en el extranjero. Además, ha velado por la unidad del colectivo de reclusos para evitar las deserciones.

Entre las principales acciones que Garzón imputa a los miembros de Gestoras, 'dentro de la estrategia 'político militar' que desarrolla ETA-KAS-EKIN', concretamente de su 'Frente de Masas', destaca el señalamiento de los que ellos consideran responsables de la situación de los presos de ETA 'convirtiéndolos en posibles objetivos de esta organización'.

Los 'Z' o 'ZZ', clave que designa, según Garzón, a los miembros del bufete de abogados de la trama que recaban para ETA datos de procedimientos penales en los que los miembros de la banda están imputados, exceden con creces el derecho de defensa.

El 22 de noviembre de 2001, amplió las imputaciones por integración en ETA a otros catorce miembros de Gestoras, entre ellos los abogados Txema Matanzas, procesado por presunta pertenencia a ETA-EKIN, Ainhoa Baglietto y Juan Arzuaga.

Al mes siguiente, el 19 de diciembre, acordó 'declarar la ilicitud de las actividades de Gestoras pro Amnistía', de la que dice que 'desde su inicio, ha sido una organización creada, diseñada, protegida, impulsada y financiada por ETA'.

En un nuevo auto dictado el 23 de enero de 2002, Garzón afirmó que la ilicitud 'supone también la de las sucesivas organizaciones que sustituyan a Gestoras pro Amnistía, pero mantengan sus postulados y actividades y que fraudulentamente quieran desconocer esta resolución judicial, como se acredita con la entidad Askatasuna', creada el 16 de diciembre de 2001, y cuyas actividades también fueron declaradas ilícitas el 5 de febrero de 2002.

El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina instó al juez el procesamiento por pertenencia a ETA de 24 miembros de Gestoras. El escrito, que reproduce parte de los argumentos esgrimidos por Baltasar Garzón en los autos de octubre y diciembre de 2001, sostiene además que Gestoras 'es una de las estructuras que forman parte del entramado organizativo de ETA' al ser 'uno de los ejes del 'Proyecto Udaletxe' de ETA-KAS para el sostenimiento económico del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV)'.

El 29 de octubre de 2002, Garzón acordó el procesamiento por integración en ETA de 24 miembros de Gestoras, de los que once permanecían en prisión desde su detención en la 'operación Lobo Negro', en septiembre de 2000. En una nueva operación, llevada a cabo el 5 de febrero de 2003, fue descabezada la dirección de la estructura reconstituida de Askatasuna con la detención de sus cinco máximos responsables, para los que fue decretada la prisión incondicional y su procesamiento por pertenencia a ETA.

Además, decretó la busca y captura de su portavoz en Francia, Jean Francois Lefort, 'Lof', a efectos de extradición. Este fue detenido en Bayona en diciembre de 2004 y procesado por asociación de malhechores con fines terroristas. Garzón concluyó el sumario que investiga la relación de las Gestoras y Askatasuna con ETA el 2 de febrero de 2004 y lo remitió a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de 27 procesados. En lo que se refiere a su apartado económico, se lleva en pieza separada.

El fiscal, en el escrito de conclusiones provisionales presentado en junio de 2005, afirmó que Gestoras 'es una de las estructuras que forman parte del entramado de ETA' y que fue directamente financiada por la banda terrorista 'al menos hasta 1991'.

Según el Ministerio Público, ejercía el control del colectivo de presos de ETA, actuaba como enlace entre los reclusos de la banda y la dirección de ésta y aseguraba 'el sometimiento a la disciplina orgánica de ETA ' de los encarcelados.

La Audiencia Nacional ha condenado hoy a penas de entre 8 y 10 años de cárcel a 21 dirigentes de Gestoras Pro Amnistía por integración en ETA, entre ellos a su portavoz Juan María Olano, y ha absuelto de esta acusación a otros tres responsables de esta organización de apoyo a presos etarras.