Si el 10 de julio de 2006 se hubiera realizado una encuesta entre los vecinos de Valencia sobre la imagen que les dejaba el paso durante dos días del líder de la Iglesia Católica, Benedicto XVI, por la ciudad, seguramente la respuesta mayoritaria habría sido una combinación entre la estampa de una ciudad medio vacía, la de algunos puntos neurálgicos cubiertos de los restos de comida basura abandonados por los seguidores del Papa y la de una ciudad llena de urinarios.

Así se resumía en la prensa de aquellos días, el resultado de una visita que se vendió por los gobiernos local y autonómico como un evento que generaría ingresos millonarios, pero que no pasó de ser más que una versión confesional de un macrobotellón. Sin embargo, si se preguntara ahora a los valencianos qué relacionan con la visita del Papa, un gran número daría una respuesta unívoca: Gürtel.

Se vendió como un evento que generaría ingresos millonarios, cuando no pasó de ser más que una versión confesional de un macrobotellónY es que las constantes revelaciones publicadas en la prensa desde que explotara este caso de corrupción relacionado con el PP, unidas a las obtenidas por la Unidad de Delicuencia Económica y Fiscal (UDEF) en relación a la instrucción del caso que investiga la contratación por parte de las autoridades valencianas con la trama Gürtel con motivo de la visita del pontífice vaticano, han conducido a que el evento y su extravagante gestión hayan cobrado un sentido.

Sin embargo, mientras los testigos continúan circulando ante el magistrado José Francisco Ceres y toda la instrucción empieza a tomar forma, la Generalitat Valenciana ejecutaba esta semana un movimiento relacionado con el caso pero de consecuencias imprevisibles: cerrar la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, organismo a través del cuál se realizó toda la contratación.

¿Lo sorprendente del cierre siete años después del evento? Que el organismo, participado por la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valencia, y caracterizado por su opacidad, se cierra ahora, en plena instrucción judicial; y que para poder hacerlo, Generalitat y arzobispado hayan asumido a medias (según asegura la administración pública) la deuda que quedaba pendiente con los proveedores: 2,5 millones de euros.

De lo que costó a los valencianos la visita del Papa nada se sabe a ciencia cierta. Este organismo, al ser una fundación, escapaba del control de la Sindicatura de Cuentas autonómica, y a pesar de las múltiples peticiones por parte de los distintos grupos de la oposición de revisar los libros de la fundación, ninguna de las tres administraciones y tampoco el arzobispado ha revelado el total de lo invertido. Sin embargo, diferentes fuentes de la misma cifran el montante que figura en sus cuentas en una cantidad no menor a 20 millones de euros.

Sin embargo, esa cifra ya sería inexacta al no incluir los 7,4 millones de euros que la Generalitat inyectó a la constructora Teconsa a través de RTVV, a cuenta de la contratación de la sonorización y montaje de pantallas de vídeo, de los cuales —según documentos que obran en manos de la UDEF— 900.000 euros acabaron en poder de Francisco Correa, 630.000 en manos de Pablo Crespo, 500.000 en las de Álvaro Pérez El Bigotes; otros 500.000 en las del director general de RTVV, Pedro García; y otros 300.000 en las de un individuo todavía sin identificar.

Esta contratación de vídeo y sonorización, cuyo precio duplicaba —según los técnicos que la evaluaron— el importe de lo que realmente costaba, no fue la única operación descabellada realizada para el operativo de recepción de Benedicto XVI. El más llamativo fue el alquiler de los 7.000 urinarios que inundaron la ciudad, muchos de los cuales se quedaron sin estrenar, y cuyo coste ascendió a 2,65 millones de euros. Para hacerse una idea de la elevada previsión de sanitarios realizada en la visita papal, solo cabe comparar aquella cifra con los 305 instalados en Valencia durante la celebración de las últimas Fallas.

En una línea similar, la Fundación acabó contratando 80 kilómetros de vallas para rodear el recorrido de Benedicto XVI, aunque en las actas de las reuniones de la misma organización, revisadas durante la instrucción, se apuntaba que tan solo eran necesarios 25. No obstante, como también ha trascendido de la investigación, la trama Gürtel trató aún de rascar más, y ya en 2005 preparaba presupuestos para posibles fuegos artificiales, espectáculos musicales y teatrales y otros servicios que finalmente no llegó a colocar.

Estos presupuestos, unidos a un apunte que la policía halló en la agenda de Pablo Crespo, revelan que la trama Gürtel ya conocía en otoño de 2005 la posible visita del líder católico a Valencia en verano de 2006 y se preparaban para beneficiarse del dinero público invertido en ella. Detrás de esta información, según los informes policiales, estarían tanto el entonces director de RTVV, Pedro García; como el ex director del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada; y el actual presidente de las Cortes valenciana y entonces consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, Juan Cotino.

Cotino, agregado del Opus Dei, se implicó sobremanera en la visita de Joseph Ratzinger, pero según algunos testigos, no solo por razón de fe. Juan Cotino 'era el que cortaba el bacalao' aseguró recientemente ante el juez Ruz uno de los testigos, José Selva, que por su conocida condición de católico, fue nombrado por el actual presidente de las Cortes como coordinador de infraestructuras del evento. Sin embargo —según su testimonio—, a diferencia de aquel, tras tratar con los miembros de Gürtel presentó su dimisión a Cotino advirtiéndole que aquello 'olía muy mal'.

Selva no fue el único que situó a Cotino en el centro del saqueo de dinero público. También Juan Rincón Feliu, director de producción de Orange Market en aquellas fechas, declaró al juez Ceres haberse reunido en varias ocasiones a preparar el operativo papal junto a Correa y Boada, que según su testimonio participaba 'en representación de Juan Cotino'.

Este último extremo fue negado rotundamente por el presidente de las Cortes que amenazó incluso con tomar medidas legales contra Rincón. Unas medidas que, a fecha de hoy, no hay constancia de que se hayan llegado a concretar. Sin embargo, Cotino, que fuera Director General de la Policía durante el gobierno Aznar, sí denunció hace escasas semanas al policía de la UDEF que redactó el informe que le vincula con la trama.

Pese a todas estas trabas, la instrucción que investiga las irregularidades cometidas con motivo de la visita de Joseph Ratzinger a Valencia sigue su curso, aunque el cierre por parte de la Generalitat de la fundación en que presuntamente se operaron no parece contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.