El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha reclamado los testimonios que los cocineros Juan Mari Arzak, Karlos Arguiñano y Martín Berasategi prestaron en 2004 ante otro magistrado del mismo tribunal para incorporarlos al sumario en el que investiga el aparato de extorsión de ETA.

En un auto notificado esta semana, Garzón accede a la petición hecha en este sentido por la asociación Dignidad y Justicia, al considerar que las declaraciones de los tres cocineros "pueden aportar nuevos elementos al acervo documental de esta causa para formar una idea más aproximada del mecanismo o procedimiento de extorsión y amenaza de ETA".

Para ello, ordena que se reclamen sus testimonios, "debiendo averiguarse por la señora secretaria el procedimiento o procedimientos en cuyo marco prestaron declaración como testigos".

Ese procedimiento es el que en 2004 abrió el juez Fernando Andreu después de que el etarra José Luis Beotegi declarara que los tres cocineros citados -y también otro, Pedro Subijana- habían recibido cartas de extorsión de la banda terrorista.

Andreu llegó a tomar declaración como imputados por un delito de colaboración con banda armada a Arzak y a Subijana, y como testigos a los otros dos, ya que en el caso de Arguiñano y Berasategi el etarra dijo que no sabía si habían llegado a pagar alguna cantidad.

Finalmente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional desestimó solicitar el procesamiento de los cocineros vascos ante la falta de pruebas.

Ahora, Garzón quiere incorporar sus testimonios al sumario en el que el pasado mes de octubre procesó a 24 personas en relación con el aparato de extorsión de ETA, entre ellas seis directivos de la empresa Azkoyen, y retiró la imputación por estos hechos a otras once, entre las que destacaba el ex dirigente del PNV Gorka Agirre, recientemente fallecido.

Entre los 24 procesados, a los que imputó los delitos de integración o colaboración en organización terrorista y amenazas, figuran dirigentes etarras como Soledad Iparragirre, "Anboto"; el dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) en el que supuestamente se cobraba el impuesto revolucionario, Joseba Imanol Elosúa, y seis directivos de Azkoyen.

El juez explicaba en su auto que el aparato de extorsión etarra, conocido como GEZI, "cuenta con una red paralela de personas (miembros legales y colaboradores) de la gestión y cobro de las cantidades exigidas a las víctimas para entregar a la organización terrorista".

Garzón tomará la próxima semana declaración como testigos a diecisiete personas, entre ellos al industrial guipuzcoano y ex vicepresidente de la Real Sociedad Joaquín Aperribay Elosua, que en 1989 sufrió un atentado por parte de ETA en el que murió su chófer.

En la resolución también señala que tomará declaración como imputados al antiguo miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna José María Olarra, condenado en el "macrojuicio" que la Audiencia Nacional celebró contra varias organizaciones del entorno de ETA, y el ex alcalde de Tolosa (Guipúzcoa) por Euskal Herritarrok Antxon Izagirre Gorostegi.