El juez Baltasar Garzón ha defendido hoy ante el Tribunal Supremo (TS) la legalidad de la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los imputados del "caso Gürtel" y sus abogados porque estos últimos eran, ha dicho, la "parte nuclear" de la mecánica de evasión de capitales de la trama.

Este ha sido el argumento que Garzón ha reiterado una y otra vez durante su declaración en el juicio que ha comenzado hoy en el Supremo, en el que el juez se enfrenta a una petición de las acusaciones de hasta 17 años de inhabilitación.

Durante dos horas y media, el magistrado ha repetido a las acusaciones, la Fiscalía y su defensa que las escuchas "no eran un cheque en blanco", sino la única vía para evitar que los cabecillas de la trama en prisión, Francisco Correa y Pablo Crespo, siguieran blanqueando fondos en paraísos fiscales a través de sus abogados.

"Era evidente que la actividad delictiva se seguía produciendo y que las instrucciones continuaban siendo dadas por los responsables" de la red, ha dicho Garzón, que ha recordado que gracias a esas grabaciones se frustró también la intención de Correa de obtener la nacionalidad en Argentina o Panamá, lo que hubiera supuesto que se sustrajera a la acción de la Justicia.

Además, ha defendido que la intervención de las conversaciones se hizo siempre salvaguardando el derecho de defensa y con el apoyo de la Fiscalía, y que en ningún momento ordenó grabar a los letrados, sino a los internos imputados por delitos de blanqueo de capitales, falsedad, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.

"Me interesa muy poco su estrategia de defensa", ha señalado el juez, tras explicar que ordenó las escuchas -tras una petición verbal de la Policía Judicial, a la que el Ministerio Fiscal en ningún momento se opuso- en un auto el 19 de febrero de 2009, que prorrogó el 20 de marzo, sólo once días antes de inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia.

Prueba de que "se adoptaron todas y cada una de las medidas para que el derecho de defensa quedara prevenido", ha afirmado el juez, es que "no hay ni una sola diligencia que se haya visto afectada o influida" por las conversaciones interceptadas.

Así le ha respondido a Ignacio Peláez, autor de la querella inicial que dio lugar a la apertura de este juicio, y que representa a uno de los imputados en el "caso Gürtel", el empresario José Luis Ulibarri, a quien también se grabó cuando visitó en la cárcel de Soto del Real a Correa y Crespo.

Garzón ha recordado al letrado que cuando fueron intervenidas sus conversaciones con estos detenidos no constaba que él los representara de ninguna manera.

Asimismo, le ha espetado que la actividad principal investigada era el blanqueo de capitales y que cuando se ordenó el ingreso en prisión de Correa y Crespo había indicios de que más de 20 millones de euros habían sido ocultados en cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales.

"Una actividad completa dirigida por abogados de la organización", como Manuel Delgado y José Antonio López Rubal, que fue el primer abogado de Correa hasta que fue imputado en la causa -imputación que luego se levantó, al igual que la de su compañero-, y asumió su defensa el abogado José Antonio Choclán, que hoy también acusa a Garzón.

Preguntado por Peláez por la razón por la que ordenó grabar las comunicaciones si no se trataba de un delito de terrorismo, Garzón ha recordado que el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria respalda las interceptaciones por orden de la autoridad judicial y no exclusivamente en los supuestos de terrorismo.

Asimismo, ha insistido en que las escuchas fueron prorrogadas por el instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, y en que no tenía ningún interés ni podía tenerlo en conocer la estrategia de defensa, ya que al haber aforados entre los imputados era consciente de que perdería la competencia de las actuaciones.

Por último, y contestando a su abogado defensor, Francisco Baena Bocanegra, Garzón ha hecho hincapié en que el elemento fundamental que desencadena la intervención de las comunicaciones era el riesgo de que Correa huyera de España.

El juicio se reanudará mañana a las 10:30 horas con la declaración de los testigos.