El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha acusado a los tres cabecillas de la supuesta red de corrupción que salpica al PP, y a los que ayer envió a prisión, de pagar a cargos públicos de Madrid y Valencia para obtener favores empresariales, según el auto difundido el jueves.

Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama, y su más estrecho colaborador, el ex secretario de Organización del PP en Galicia Pablo Crespo, están procesados además por blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, según el auto, por el que también se envía a prisión a Antoine Sánchez, acusado de blanqueo de dinero y falsedad.

La red, que habría constituido sociedades por medio de testaferros que permitieron ocultar la identidad de Correa, se nutría de "fondos de entidades públicas (..), principalmente en las Comunidades de Madrid y Valencia, para obtener un beneficio propio".

Garzón indica que hay pruebas de que el dinero obtenido, con el que Correa adquirió inmuebles en Las Rozas (Madrid), Sotogrande y Tarifa (Cádiz), Ibiza y atraques de barco en Puerto Marina (San Roque, Cádiz), era colocado en paraísos fiscales.

"Existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas para obtener un beneficio propio utilizando para ello, como norma común y frecuente, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas, cuya identidad y cargos se está investigando", señala el texto judicial.

El juez señala que ordenó las detenciones el pasado 6 de febrero al apreciar la policía que existía riesgo de fuga inminente de Correa, que pretendía instalarse en un país centroamericano.

El primer auto de la operación Gürtel (correo en alemán), parcialmente filtrada a los medios en los últimos días, llega el mismo día en que el PP se personó como acusación particular en la causa y pidiera la recusación de Garzón, al que considera enemistado con la formación conservadora.

Además de los tres encarcelados, en la operación hay 37 imputados, entre ellos el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, que dimitió esta semana.

El PP ha asegurado que la única relación que tenía con esta trama era que su formación contrataba servicios a una de las empresas investigadas y que hablaban en su nombre sin su permiso.