Desconsoladas por la crisis de los casi tres últimos años, las constructoras van clamando ante quienes les quieren escuchar que su supervivencia en los próximos años pasa por la rehabilitación de edificios y su promoción. La crisis ha dejado la promoción residencial en coma y amenaza ahora con la inanición a la obra pública. El salón Construmat, que abrió ayer sus puertas, da buena fe de ello: un controlado número de expositores y volcada en reparar y modernizar edificios. De ahí que le fuera bien la llegada de la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, quien anunció que todos los edificios de más de 40 años de antigüedad deberán superar una inspección técnica. Una cadaquince años.

La nueva obligación tendrá su base en la Ley de Sostenibilidad del Medio Urbano que prepara el Gobierno. Obligará a todas las comunidades autónomas a implantarla 'queremos que sea una inspección generalizada', dijo , si bien Corredor subrayó ayer que dará margen a cada Ejecutivo autonómico para implantarla. La mitad del parque español de viviendas tiene más de treinta años. A día de hoy, y sólo desde hace tres meses, la Generalitat de Catalunya ha implantado esta medida, herencia del Tripartito.

Corredor quiere poner unos mimbres comunes para conseguir generalizar la inspección técnica de edificios (ITE). Esta, además, llevará aparejado un informe sobre 'las obras o recomendaciones que son necesarias para ahorrar energía en la vivienda'. Corredor puso como ejemplo que una inversión de 3.500 euros para instalar ventanas de doble cristal o cambiar el tipo de energía puede repercutir en un ahorro energético de tal magnitud que la inversión estará amortizada en cinco o seis años.

Más allá de sus resultados para el usuario, la ITE servirá para dinamizar el sector, junto a otra medida aprobada en abril por el Consejo de Ministros: la deducción fiscal para aquellos contribuyentes que hagan reformas en sus hogares.