La Fiscalía provincial de Valencia ha abierto diligencias, a petición de la asociación del Defensor del Paciente, para investigar el caso del supuesto "fraude" de las prótesis mamarias PIP.

Así lo han asegurado hoy en un comunicado fuentes de la oficina del Defensor del Paciente, que en diciembre del pasado año denunciaron ante Fiscalía el "gravísimo problema" que estas prótesis están causando a las mujeres a las que se les ha implantado.

La fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, señala en un escrito de respuesta a la presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores, que la Fiscalía "ha incoado las diligencias de investigación penal" por si estos hechos pudieran ser constitutivos de delito.

Desde el Defensor del Paciente esperan que estas diligencias "tengan la depuración de responsabilidades de aquellos que han propiciado la situación que este fraude ha ocasionado a las mujeres afectadas".

En los centros públicos de la Comunitat Valenciana han sido implantadas estas prótesis a 639 mujeres para la reconstrucción de pecho tras procesos oncológicos, según fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Todos estos casos, según las fuentes, fueron notificados a las pacientes y controlados por sus cirujanos.

Aunque no se conoce la cifra exacta de implantes realizados en la asistencia sanitaria privada, se estima que pueden ser miles las mujeres que llevan esta prótesis.

La Conselleria de Sanidad recibió en marzo de 2010 una alerta desde la Agencia Española de medicamentos y productos sanitarios, en la que se recomendaba revisar los implantes de una marca francesa de prótesis mamaria, por su composición distinta a la homologada.

Los citados implantes fueron retirados del mercado después de que las autoridades francesas detectaran que estaban fabricados con un gel de silicona diferente del exigido y tras existir sospechas sobre su vinculación con algunos casos de cáncer de mama.