La Fiscalía ha solicitado 4 años de prisión por estafa para María José Campanario, esposa de Jesulín de Ubrique, y 10 años para el ex jefe de la Policía Local de la localidad gaditana de Ubrique, Carlos Carretero, y el inspector médico, Francisco Casto, por la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad o invalidez.

Según el escrito de calificación provisional remitido al juzgado de instrucción número 1 de Cádiz, hay 24 personas imputadas, 9 menos de las que estaba inicialmente acusadas, al considerar la Fiscalía que su participación en los hechos no reviste relevancia penal.

Según las diligencias previas, el ex jefe de la Policía Local de Ubrique ideó un plan para beneficiarse económicamente de forma ilícita a través de la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral o invalidez del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para personas a las que previamente captaba y a las que exigía determinadas cantidades de dinero.

Para ello, se puso de acuerdo con el también acusado Francisco Casto, inspector médico de la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades de la Junta de Andalucía, quién podía influir 'de forma determinante' en el reconocimiento de prestaciones a los beneficiarios.

Para ambos acusados, la Fiscalía pide 10 años por los delitos de estafa, falsedad y cohecho.

Entre los procesados se encuentran cuatro médicos, dos ex policías locales, así como María José Campanario y su madre, Remedios Torres, a quiénes acusa de un delito de estafa y colaboración en un delito de falsedad, por los que la Fiscalía reclama penas de cuatro años y seis meses.

Según el escrito, uno de los acusados, amigo de Carretero, mantenía relaciones de amistad con la familia de Campanario, y durante una cena en Castellón con ésta y su madre, y a pesar de que ésta última no reunía los requisitos para tener una pensión por incapacidad laboral porque ni siquiera trabajaba y ya tenía reconocida una minusvalía sin derecho prestación, acordaron que las pondría en contacto con Carlos Carretero para que éste lo lograse.

Así, Carretero se entrevistó con María José Campanario, a la que le solicitó 18.000 euros, que la mujer del diestro le entregó.

'Para dar apariencia de legalidad', Carretero dio de alta, sin su consentimiento, a Remedios Torres en febrero y mayo de 2005, en dos empresas jerezanas 'aunque no desempeñó trabajo alguno'.

Posteriormente, otro de los médicos acusados confeccionó, sin ni siquiera reconocer a Remedios, dos informes médicos falsos que propiciaron un parte de baja laboral.

Cuando su expediente pasó a la delegación provincial del INSS, Remedios fue citada para ser reconocida, pero Casto, Carretero, María José Campanario y su madre 'decidieron' que a la cita no acudiría ella, sino otra persona, que finalmente fue la madre de la compañera sentimental de Carretero.