El fiscal Manuel Jesús Dolz ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que pida el suplicatorio al Congreso de los Diputados para proceder contra el exministro José Blanco por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación de los que está imputado en relación con la presunta trama de tráfico de influencias para la obtención de ayudas públicas desarticulada en la Operación Campeón. Los citados delitos estarían relacionados con sus gestiones para la obtención por la empresa Azkar de una licencia para instalar un almacén próximo al aeropuerto de El Prat, en el término de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Con esta petición, la Fiscalía da por finalizada la instrucción del magistrado José Ramón Soriano del Caso Campeón en el Tribunal Supremo e insta la petición al Congreso para poder sentar en el banquillo al mandatario socialista, que cuenta con aforamiento por su condición de diputado. El Ministerio Público descarta, por tanto, la existencia de indicios contra Blanco por un presunto delito del cohecho del que le acusó el empresario farmacéutico Jorge Dorribo, en relación con un supuesto pago al exministro socialista de 200.000 euros efectuado en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) a cambio de gestiones ante el Ministerio de Sanidad.

La petición fiscal se produce pese a que la finalización formal de la instrucción de Soriano se encuentra aún pendiente de concluir, ya que faltaba la remisión de un último informe encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre las cuentas del mandatario socialista y de su esposa Isabel Mourenza entre 2006 y 2011, en relación con la compra de su chalet en Las Rozas (Madrid).

En su escrito, de 29 páginas, el fiscal hace mención a la relación de amistad que une a Blanco con el vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, ya que ambos nacieron en Palas del Rei (Lugo) y se conocen desde la infancia. Añade el escrito que esta amistad se incrementó hace quince años y que eran frecuentes los contactos personales entre ambos, lo que propiciaba que Orozco hiciera partícipe al mandatario socialista 'de proyectos empresariales, propios y ajenos, y se haya prestado a ofrecer a empresarios amigos la actuación del señor Blanco ante Administraciones Públicas pertenecientes a la Administración Central del Estado para la consecución de los mismos'.

Uno de esos proyectos empresariales era el de Dorribo, administrador solidario de Laboratorios Asociados NUPEL, S.A. 'el cual pretendía, por un lado, que se le autorizase por el Ministerio de Sanidad la dispensación de medicamentos en formato unidosis y, por otro lado, el establecimiento de una sociedad en el Principado de Andorra, llamada SALUT D*INNOVACIÓ, S.A. para la reutilización y exportación de medicamentos vinculada al llamado SIGRE (Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases, S.L.), que consiste en el sistema de recogida de medicamentos de la red farmacéutica', destaca igualmente el escrito.

Orozco también habría trasladado al exministro socialista, según la Fiscalía, la problemática de una empresa vinculada al primero por razones comerciales incursa en proceso de expropiación con motivo de la ampliación del aeropuerto de La Coruña, ubicada en Culleredo (La Coruña) propiedad de la empresa Grafoplas del Noroeste S.A.

Sobre el asunto de Sant Boi, el escrito de la Fiscalía concreta que la petición de influencia se concretó el 15 de diciembre de 2010, y que el cumplimiento de los requerimientos municipales le habrían supuesto a Azkar un coste económico de 175.000 o de 500.000 euros. Añade que la influencia de Blanco para la obtención de la licencia ambiental favorable para la empresa Orozco se articuló a través del Secretario de Transportes del Ministerio de Fomento, Isaías Taboas, miembro del mismo partido político que el del Alcalde de Sant Boi, que es el PSC.

Las gestiones de Blanco, de las que la Fiscalía considera que hay indicios suficientes según las conversaciones telefónicas y mensajes SMS aportados a la causa, sirvieron, por un lado, para que se cambiara la nomenclatura formal de la actividad para la que se solicitaba la licencia sin variar su objeto, de forma que con ello AZKAR ya no tendría que hacer frente a los costes económicos derivados del cumplimiento de los requerimientos municipales anteriores y, por otro lado, se excluyó de la licencia la autorización del parking.

El escrito también apunta que, una vez allanados los obstáculos que impedían la concesión de la licencia ambiental, Orozco también llamó a Blanco en febrero de 2011 'para que actuara en su propio Ministerio con objeto de que se dictara por parte de AENA Y AESA las resoluciones favorables que le permitieran obtener la licencia de obra mayor que tenía solicitada ante el mismo Ayuntamiento'. Los permisos se obtuvieron un mes después.

Entre las comunicaciones intervenidas, la Fiscalía destaca una entre Orozco y un empleado de su empresa, de 15 de diciembre de 2010, en la que el empresario señala que 'van a presionar por todas las vías' para conseguir su propósito porque 'tiene maneras' para 'buscarle la vuelta' al alcalde de Sant Boi. Días más tarde señala a este empleado: 'Voy, voy a, voy a llamar al Pepe Blanco a ver si manda algo allí o allí van por libre o como carallo hacen'. En la causa constan otras conversaciones entre Blanco y Orozco, concretamente del 30 de diciembre de ese año, en las que el exministro contesta a su amigo sobre este asunto: 'Yo hablo con ellos, no te preocupes eh'. Posteriormente a esta conversación, el empresario reconoce a uno de los suyos que en el Ayuntamiento les han confeccionado 'hasta el escrito de alegaciones' que había que presentar por el asunto de la licencia.

El 10 de febrero de 2011, tras obtener su reunión con el alcalde, el vicepresidente de Azkar comentó a otro subordinado por teléfono que 'siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno de tu país'. Finalmente, en fecha 10 marzo 2011, Orozco le agradece a Blanco su actuación mediante un SMS, según destaca igualmente el Ministerio Público.