La Fiscalía Anticorrupción pide 30 años de cárcel y el pago de una multa de 810 millones de euros para Juan Antonio Roca, al que acusa de ser el organizador de la trama de corrupción urbanística descubierta hace cuatro años en la Costa del Sol con la "operación Malaya".

En su escrito de conclusiones provisionales, presentado el jueves en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella, el Fiscal dirige su acusación contra 95 personas implicadas en este caso de corrupción ocurrido en dicha localidad malagueña, que supuso que en abril de 2006 el Gobierno disolviera una corporación municipal por primera vez en España, ante el ingreso en prisión de sus principales dirigentes.

que ha sido condenado ya a seis años en otro caso y que está implicado en otros procedimientos penales por delitos de corrupción económica - está acusado ahora de los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho pasivo.

para quienes pide 10 y 20 años de cárcel, respectivamente -, los ex tenientes de alcalde Isabel García Marcos, y Pedro Román, el ex concejal y ex jugador del Atlético de Madrid Tomás Reñones, sus antiguos administradores, Juan Bautista Toledano y Montserrat Corulla, y el ex jefe de la policía municipal Rafael del Pozo.

Pero además hay otros empresarios del ámbito futbolístico, como el ex presidente del Sevilla José María González de Caldas, del mundo taurino, como el ganadero Fidel San Román, abogados y promotores inmobiliarios.

El juicio comenzará el próximo mes de septiembre en la Audiencia de Málaga.

El fiscal atribuye a Roca una capacidad de gasto de 200 millones de euros en los ocho años anteriores a ser arrestado, cuando su renta disponible en ese periodo fue de en torno a los 50.000 euros anuales.

El ex asesor de urbanismo de Marbella, de 56 años, compró inmuebles por más de 136 millones de euros, adquirió cuadros por importe de 27 millones, tenía una colección de carruajes valorada en 3,5 millones y una yeguada valorada en más de 400.000 euros, entre otros bienes.

"Para encubrir la titularidad de esos bienes, ilícitamente obtenidos, y poder disfrutar de los mismos sin riesgo, Juan Antonio Roca constituyó una verdadera organización, integrada por un nutrido grupo de personas que, bajo su dirección, gestionaban y administraban su patrimonio", dijo el fiscal en su escrito.

El fiscal considera acreditado que Roca financió parcialmente sus negocios y propiedades con los fondos obtenidos de ciertos empresarios en contrapartida por resoluciones e informes favorables a sus intereses, fundamentalmente en el campo urbanístico, ante "la especial posición de poder que el señor Roca ostentaba en las Corporaciones Municipales de la época".

Roca llegó a crear un "urbanismo a la carta", según la expresión del fiscal, modificando las condiciones urbanísticas o negociando con bienes de propiedad municipal (...) siempre a costa de las arcas municipales".

"Esta situación de poder se sustentaba en el soborno sistemático y generalizado a sus distintos integrantes, mediante el pago regular de importantes cantidades de dinero, lo que le permitía disponer a su antojo de la voluntad de las autoridades municipales (...) fundamentalmente en el ámbito urbanístico", dijo, y agregó que los fondos para los sobornos procedían de los pagos que recibía de promotores y empresarios.

Entre los receptores de esos sobornos, entregados en sobres a mano, había concejales y funcionarios municipales que se comportaban "como meras marionetas en manos del señor Roca", y el fiscal menciona las cifras recibidas supuestamente por María Soledad Yagüe (1.852.610 euros), Isabel García Marcos (312.100 euros), Julián Muñoz y Tomás Reñones (ambos 162.000 euros), entre otros.