El fiscal del Caso Tabacalera, Alejandro Luzón, pidió hoy que se condene al presidente de Telefónica, César Alierta, y a su sobrino, Luis Javier Plácer, ya que considera "acreditado" que se valieron de información privilegiada en la compraventa de títulos de Tabacalera en 1997.

El fiscal, que pide cuatro años y medio de prisión para Alierta y otros cuatro para su sobrino, aseguró hoy que "todo el diseño de la operación apunta a que Placer era el testaferro de Alierta" y, por tanto, un "mero instrumento de su tío para obtener un beneficio" final de 309 millones de pesetas (1,86 millones de euros).

Aunque admitió que los "beneficios los disfrutó indiciariamente el sobrino y no Alierta", Luzón pidió al tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que juzga el caso que aplique a ambos el tipo agravado del delito de uso de información privilegiada porque, en su opinión, su conducta afectó a los intereses generales al dañar la credibilidad del mercado.

A su juicio, el hecho de que se cometiera en una de las empresas "más grandes del país y que lo haya hecho su presidente supone una trascendental quiebra de la confianza de los ciudadanos".

Según la tesis del fiscal, Alierta prestó a su sobrino a través de dos personas interpuestas (dos amigos de la familia) dinero para comprar acciones de Tabacalera por medio de la sociedad Creaciones Baluarte, creada por Alierta y su mujer y vendida a su sobrino en junio de 1997.

Esa sociedad, que según el fiscal adquirió Plácer con dinero del propio Alierta, se acabó beneficiando además de un crédito de 400 millones de pesetas solicitado por el presidente de Telefónica en el Banco Urquijo.

A diferencia de lo sostenido por las defensas, el fiscal consideró que tanto la compra de Havatampa por parte de Tabacalera como la subida de los precios del tabaco rubio en septiembre de 1997 fueron noticias relevantes que impulsaron "directa y principalmente" la cotización de la empresa.

Para sostener que "la operación tiene el sello de Alierta", Luzón criticó entre otros aspectos el fraccionamiento de los fondos y el hecho de que se utilizaran dos personas interpuestas para transferir el dinero a su sobrino.

En este sentido, consideró "poco creíble" la explicación de Alierta de que había ordenado las transferencias a sus amigos cuando se enteró de que habían prestado dinero a su sobrino.

Además, destacó el hecho de que el Banco Urquijo no pusiera objeciones ni exigiera garantías adicionales al sobrino para utilizar el crédito concedido a Creaciones Baluarte cuando compró esta sociedad a su tío.

La Fiscalía Anticorrupción puso en duda que fuera el gestor de Placer el que decidiera comprar acciones de Tabacalera, como afirmó el sobrino de Alierta. Luzón calificó de "poco creíble" que Plácer se desentendiera de unas inversiones de 400 millones de pesetas.

El fiscal también consideró "evidente" que tanto Alierta como Plácer intentaron ocultar sus acciones ante la investigación de la CNMV.

A este respecto, el representante del Ministerio Público reiteró su crítica a la actuación del regulador, que, a su juicio, "no se enteró prácticamente de nada".

El Ministerio Fiscal defendió que se debe condenar a los acusados por la totalidad de las ganancias obtenidas y no sólo por las atribuidas exclusivamente a la información privilegiada, que en su opinión se limitarían a 114 millones de pesetas.