El fiscal pide un año de prisión para el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), por un delito de provocación a la discriminación por repartir unos panfletos que relacionaban a los inmigrantes rumanos con la delincuencia en la pre-campaña electoral de las municipales de 2011.

En su escrito,  el fiscal pide además para el alcalde una multa de 8.100 euros y su inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Concretamente, el fiscal atribuye a García Albiol un delito de provocación a la discriminación, el odio y la violencia y, de forma alternativa, otro de injuria colectiva provocadora, aunque por ambos pide la misma pena.

En declaraciones a Efe, García Albiol ha manifestado que no había recibido 'ninguna notificación oficial de la petición del fiscal antiodio' y ha considerado que 'la actuación de este fiscal es coherente con la línea que lleva desde el año 2010'. 'Me parece el mundo al revés. Aquellos que defendemos y luchamos contra los que delinquen somos los culpables por dar nuestra opinión', ha indicado. 'Seguiré mi línea de trabajo y mi forma de pensar no cambiará, que no es otra que defender a los vecinos de la ciudad que sufren los problemas de incivismo e inseguridad, y que son las verdaderas víctimas en este caso', ha agregado.

Según mantiene la Fiscalía, García Albiol, que entonces era aspirante a la alcaldía, autorizó la confección del folleto, en cuya distribución masiva también participó, 'sabiendo y aceptando el menoscabo que suponía para la dignidad, el honor y la fama del colectivo gitano de origen rumano'. La Fiscalía mantiene que García Albiol, como presidente del PP en Badalona, encargó 15.000 folletos que fueron repartidos el 24 de abril de 2011 en distintos barrios de la ciudad. El escrito describe los panfletos distribuidos en Badalona, en los que, entre otras ilustraciones, figuraba una fotografía de un grupo de personas de origen rumano junto a una pancarta con el lema 'No queremos rumanos' y otras referencias que, en opinión del ministerio público, vinculaban a la delincuencia con ese colectivo de inmigrantes.

La distribución de esos folletos por parte del acusado 'generó, tal y como había previsto, una gran polémica en amplios sectores de la sociedad con gran repercusión mediática tanto a nivel de Cataluña como del resto e España', mantiene el ministerio público. 'La dirección del PP, tanto a nivel estatal como autonómico, desautorizó expresamente las declaraciones y manifestaciones anteriormente vertidas por el acusado y paralizó inmediatamente la distribución del folleto descrito', añade el ministerio público.