El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, describió hoy el horror de los ataques presuntamente perpetrados en 2003 en la localidad de Bogoro, al este de la República Democrática de Congo (RDC).

"El ataque se produjo en oleadas de violencia (...) no se distinguió entre objetivos militares y civiles y se quemó a gente viva en sus casas", dijo Moreno Ocampo durante la primera vista del juicio del comandante de las Fuerzas Patrióticas de Resistencia en el territorio de Ituri Katanga y al antiguo líder miliciano Chui.

Según el fiscal, los acusados tenían la intención de "destruir completamente el pueblo" de Bogoro, donde la mayoría de la población es de la etnia "Hema".

El fiscal argentino citó declaraciones de dos niños soldado que participaron en ese ataque, el 24 de febrero de 2003, en las que los menores describieron cómo "no tuvimos el coraje de matar a una mujer que nos dijo que podía ser nuestra madre (..) pero luego la encontramos muerta, desnuda, con las piernas abiertas (...) y vimos cómo los comandantes eran felicitados por el trabajo hecho".

En sus alegatos iniciales, el fiscal dijo que su equipo "quiere hacer justicia a las víctimas de Bogoro" y "que no se ignore nunca más a las víctimas de crímenes masivos".

"Los congoleses deben saber que no están solos, que son parte de una comunidad global, donde el Estatuto de Roma (que regula el funcionamiento de la CPI), actúa para prevenir crímenes", adujo Moreno Ocampo.

La fiscalía acusa a Katanga y Chui de "planear y orquestar" ese ataque desde su posición de mando, argumentando que tenían "la intención" de cometer esos crímenes.

Por su parte, los acusado se declararon hoy "no culpables" de todos los cargos que se les imputan, entre ellos el asesinato en 2003 de civiles.

Negaron su culpabilidad en el total de diez cargos de los que se le acusa, incluyendo el reclutamiento de niños soldado, violación de mujeres, destrucción, pillaje y esclavitud sexual.

El de Katanga y Chui es el segundo juicio que celebra la CPI, que se erigió en La Haya en 2002 como primera corte internacional permanente para juzgar crímenes de guerra y lesa humanidad, entre ellos el genocidio.

El primer proceso, todavía en marcha, es el del congolés Thomas Lubanga, acusado del reclutamiento de niños soldado en la RDC.

Para los fiscales, entre enero de 2002 y diciembre de 2003, más de 8.000 civiles murieron y más de medio millón de personas se vieron forzadas a dejar sus casas en Ituri por el conflicto en esa región, donde están enfrentadas las etnias "Hema" y "Lendu".

El juicio está presidido por el juez francés Bruno Cotte y la terna la completan las juezas Fatoumata Dembele Diarra, de Mali, y la belga Christine Van den Wyngaert.

Según la coalición de organizaciones no gubernamentales que trabaja con la CPI (CICC, en sus siglas en inglés), unas 345 víctimas del conflicto en la RDC participarán en el juicio de Katanga y Chui.

La participación activa de las víctimas y sus representantes legales en los procesos es uno de los caracteres que más distinguen a la CPI, que está regulada por el Estatuto de Roma.

Los fiscales llamarán en total a 26 testigos, 19 de los cuales contarán con medidas especiales de protección.