Los tres presuntos responsables de la falsa identificación de los cadáveres del Yak-42 están cada vez más cerca del banquillo. Ayer, el juez Fernando Grande-Marlaska abrió juicio oral contra los tres imputados que mantenía en la causa, el general Vicente Carlos Navarro, el comandante médico José Ramón Ramírez y el capitán médico Miguel Ángel Sáez.

Con su auto, Marlaska pone fin al periodo de instrucción y abre la puerta para que la Audiencia Nacional determine si los imputados cometieron dos delitos de falsedad documental en la asignación de identidades a los militares fallecidos en el accidente aéreo de 2003 en Trabzon (Turquía). Treinta de los 62 cadáveres fueron identificados de forma errónea por los acusados.

Indemnizaciones

Marlaska impone además a cada uno de los procesados la obligación de abonar en el plazo de 24 horas una fianza de dos millones de euros como garantía de las indemnizaciones que la sentencia pudiera asignar a los familiares de los fallecidos por daños morales y materiales.

En concreto, el fiscal solicita la entrega de 25.000 euros a cada una de las parejas de los 30 fallecidos, sus hijos y sus padres. Los familiares amplían el derecho a ser indemnizados a los hermanos de los militares identificados de forma errónea. En este último caso piden indemnizaciones de 6.000 euros para cada uno. Sea cual sea la cuantía final, el Estado deberá responder como responsable civil subsidiario.

Hasta cinco años de cárcel

No es la única responsabilidad que se exigirá a los tres imputados. El ministerio fiscal solicita para Vicente Navarro, por irregularidades en la elaboración del listado de fallecidos, la pena de cinco años de prisión, inhabilitación por el mismo periodo y multa de 30.000 euros.

A los otros dos oficiales les considera coautores del otro delito de falsedad documental durante la redacción de los informes de necropsia. Solicita, en su caso, sendas penas de prisión e inhabilitación de cuatro años y medio además de una multa de 24.000 euros.

Ayer los familiares, valoraban positivamente un auto que les acerca más un final que 'se prolonga demasiado'. 'Demuestra que nuestras denuncias tenían una base', explicó.

El nuevo paso judicial llega después de que en abril la sala de lo penal de la Audiencia Nacional obligara a reabrir un caso que el juez Marlaska había archivado sin encontrar indicios de delito. Según él, las actas de defunción acreditaban el día y el lugar de la muerte. La sala le corrigió. Las identificación de los restos también es parte fundamental para poder declarar la defunción de una persona. De los cuatro imputados sólo el general José Antonio Beltrán quedó exonerado. El resto se enfrentará ahora a la Justicia. D