Desde pequeño se sentía una niña atrapada en un cuerpo de niño. Hoy está decidido: quiere ser mujer; y sus padres le apoyan. Es el caso de un joven barcelonés de 16 años que podría convertirse en el primer menor sometido a una operación de cambio de sexo en España. El chico lleva ya varios años en tratamiento psiquiátrico y sometido a terapia hormonal.
Su caso lo lleva el doctor Iván Mañero, cirujano jefe de la Unidad de Trastornos de Género del Hospital Clínic de Barcelona. Por motivos médicos y psicológicos, Mañero recomienda actuar cuanto antes. Pero la ley sólo permite ese tipo de intervenciones en menores de dieciocho años previa autorización judicial.
La transexualidad es una enfermedad de nacimiento contemplada por el Ministerio de Sanidad, cuyas intervenciones cubre la Seguridad Social. La ciencia lo hace posible, pero los médicos tienen las manos atadas hasta que el juez aprueba la operación.
“¿Si opera a nuestro hijo, podrá ser feliz?”, le preguntaron los padres al doctor Mañero. “Sí”. “Pues opere”. “No puedo porque me lo impide una ley anacrónica”, tuvo que contestar el cirujano.
La singularidad de este caso reside en que los padres del menor decidieron llevar su reivindicación a los tribunales, en vez de callar y esperar a la mayoría de edad de su hijo. Si su reclamación prospera y la resolución del juez les es favorable, el caso podría servir como precedente.
Santiago Vidal, magistrado de la Audiencia de Barcelona, explica que más allá del aspecto médico y psicológico, un cambio de sexo entraña también “un cambio de estado civil y una modificación en el registro”. Por eso en asuntos como este, el juez encargado “pide siempre la opinión de dos peritos independientes”. La cuestión se dirige a médicos forenses y al Comité de Bioética, que aconseja en estos casos con implicaciones éticas y sociales. Ambos informes resultaron favorables.
“No concebiría otra cosa”, comenta Mañero. El médico asegura que, para evitar riesgos y secuelas en la salud del paciente, en estos temas siempre es mejor operar antes de la edad adulta.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) rechaza que haya que “pedir permiso a un juez” para este tipo de intervenciones y en otras no. Según su portavoz, Mar Cambrollé, “añadiendo complicaciones y demoras” se está perjudicando “el libre desarrollo de la personalidad” del individuo afectado, “derecho recogido por la Constitución”.
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