La familia del asesinado alcalde de Fago (Huesca), Miguel Grima, ha vuelto a recurrir a los tribunales para que se prohíba la emisión en TVE de una serie basada en el crimen, que se produjo el 12 de enero de 2007, al suponer una "injerencia" en el proceso penal.

El recurso de reforma, interpuesto hoy por el letrado de la familia ante el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Jaca, que instruye la causa, reclama la suspensión cautelar de la serie, que se titula "Fago", de la que ya se ha emitido un capítulo, el pasado lunes, a la espera de una decisión judicial firme.

Este juez ya rechazó un primer recurso contra la emisión de la serie mediante un auto, que se conoció el pasado lunes, en el que anteponía el derecho a la libertad de expresión y de creación a la supuesta vulneración del secreto de sumario y a los perjuicios causados a la investigación, que argumentaba la familia.

En este nuevo recurso, al que ha tenido acceso Efe, el abogado Enrique Trebolle expresa su disconformidad con la primera decisión del juez y señala que no se trata de atentar contra el derecho a la libertad de expresión sino de proteger un procedimiento penal en curso.

Argumenta el letrado que la libertad de expresión no puede ser "omnímoda y sin límites", y recuerda que en el sistema procesal español deben primar principios procesales "que se han respetado en los siglos XIX y XX y que se han de respetar en el XXI si no se quiere hacer del proceso penal una escenografía", en la que se pueda actuar por "conveniencia" o por "razones crematísticas".

Alerta, además, contra la creación de un precedente "peligroso" que permita la emisión de series con apariencia de ficción que recreen hechos reales mientras se lleva a cabo la instrucción de los casos respectivos.

"De lo contrario -afirma-, y si se levanta la veda, si no se pone coto a lo que consideramos un auténtico desmán que nada tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión y a la información, nos podremos encontrar en nuestro país con series, miniseries, películas de todo tipo sobre casos desgraciadísimos que han ocasionado dolor, pena y conmoción social".

El abogado lamenta las "pretensiones" de los letrados de TVE y de la productora de la serie de solicitar "cauciones" económicas en el caso de suspenderse cautelarmente la serie, ya que en su creación "no tuvieron en cuenta" ni al Poder Judicial, ni a la Fiscalía, ni a las víctimas del delito.

A su juicio, los argumentos de estos abogados al plantear que la suspensión de la serie provocaría unas fuertes pérdidas económicas tienen un carácter "desolador" y ausente de "sensibilidad".

Tras advertir que en otros países europeos hay leyes específicas para garantizar la presunción de inocencia y los derechos de las víctimas, el abogado solicita medidas para "erradicar cualquier tipo de elucubración, hipótesis o conjetura que interfiera en la investigación", como lo fue, en su opinión, la emisión del primer capítulo de la serie.