El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa reclama 663.119,26 euros según la demanda presentada contra la multinacional gallega por un supuesto despido improcedente. El Juzgado de lo Mercantil número uno de Pontevedra ha acogido este lunes el juicio, al que no ha asistido Fernández de Sousa pero sí la abogada que lo asiste, y que, después de una hora y media, ha quedado visto para sentencia. Fernández de Sousa está imputado, junto con otros exdirectivos de la multinacional gallega, en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por las irregularidades en las cuentas de la compañía, que está en concurso de acreedores.

Los letrados de Pescanova y de la administración concursal, encabezada por Deloitte, han reclamado que se considere este proceder 'una temeridad' y que se tengan en cuenta las circunstancias en las que se ha presentado la reclamación de este dinero, que equivale a 55.266 euros al mes.

De Sousa presentó su dimisión como presidente de la compañía gallega el pasado 17 de julio, tras conocerse el informe elaborado por KPMG sobre las irregularidades contables de la empresa. Como presidente,  cobraba casi un millón de euros al año. En concreto, percibía 989.000 euros por su puesto ejecutivo como presidente, según los datos que figuran en el informe del Gobierno Corporativo del ejercicio 2011, el último disponible.

El argumento jurídico de Fernández de Sousa, que no acudió a la cita al considerarla 'un mero trámite', es que previamente a su acceso a los cargos directivos de la empresa, fundada por su padre, él había empezado a trabajar desde la base en 1977, de forma que a su entender existía una relación laboral previa que es la que ahora permitiría la reclamación de una indemnización de 'veinte días por año trabajado'. Durante la vista desvelaron que Fernández de Sousa reclama una indemnización de 663.199,20 euros, equivalente a doce mensualidades, teniendo en cuenta que su última nómina era de 55.266 euros al mes, que es la cantidad que se utilizó como base de cálculo.

La abogada del expresidente de Pescanova admitió que Fernández De Sousa 'no tenía un contrato blindado', ni siquiera 'un contrato por escrito' que acreditase su relación laboral con la empresa. Según la abogada, Fernández De Sousa inició 'desde la base' su relación laboral con la compañía pesquera el 17 de enero de 1977, aunque en apenas cinco meses fue nombrado director gerente adjunto, por lo que 'existía una relación de alta dirección compatible con la relación mercantil' y, de esta forma, 'ha de ser indemnizado'. 'De Sousa levantó una empresa pequeña con su esfuerzo', ha argumentado. La abogada del expresidente de Pescanova también aportó a la vista el testimonio de Olegario Casal, director de área de la multinacional, jubilado hace cinco meses, quien declaró que Fernández De Sousa 'era el primero en entrar y el último en salir'. 'Tenía dedicación plena a la empresa', ha asegurado.

Por su parte, tanto los abogados del administrador concursal como de Pescanova,  argumentaron la inexistencia de un contrato laboral, por lo que solicitaron la desestimación total y absoluta. 'No haremos más valoraciones de las debidas sobre ese esfuerzo y dedicación', han agregado. 'No hay base para el despido porque no hay relación laboral', señalaron los abogados de la parte demandada, que entre otras pruebas entregaron la carta de dimisión escrita por Fernández De Sousa, 'en la que él mismo así lo admite'. Los representantes de Pescanova y Deloitte reclamaron además dos excepciones procesales: la falta de competencia objetiva del juzgado de lo Mercantil para decidir en una cuestión que, en su criterio, debería resolver el Juzgado de lo social número 3 de Vigo, y la caducidad de la reclamación, ya que la demanda por despido improcedente no fue presentada en los 20 días posteriores a la salida de Fernández de Sousa de Pescanova.

Además de la desestimación íntegra los demandados piden al juez de lo Mercantil que incluya una declaración de temeridad contra Fernández de Sousa y el pago de las costas. El administrador concursal explicó que la temeridad fue solicitada 'entendiendo que no hay sustento jurídico ninguno y resulta casi descabellado plantear una demanda basada en los fundamentos de derecho ante el juez de lo Mercantil en la situación actual y con incomparecencia de aquel que la demanda, considerando que es una situación de mero trámite'.

El resto del juicio, que suscitó la atención de numerosos medios impresos y de reporteros gráficos, trató temas sobre la legislación aplicable, teniendo en cuenta la vigente entonces y sus sucesivas modificaciones, y además cómo se podrían contar, en su caso, los plazos para determinar la indemnización.

Fernández de Sousa, cuenta con un 7,51% del capital de Pescanova, que está en concurso de acreedores y que cuenta con una deuda de más de 3.674 millones de euros y un agujero patrimonial de 1.667 millones de euros, según el informe realizado por Deloitte. Manuel Fernández de Sousa está imputado por falseamiento de información económico-financiera, de las cuentas y por uso de información relevante.