El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, ha presentado una demanda por despido improcedente contra la compañía gallega, en la que ha desarrollado su actividad durante casi 40 años, según han informado fuentes conocedoras de la situación de la pesquera.

En concreto, Fernández de Sousa y la firma gallega, en la que ha trabajado desde 1977, celebraron la semana pasada un acto de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Vigo, que terminó sin acuerdo y en el que el expresidente de Pescanova defendió su condición de trabajador de la compañía durante 37 años.

Fernández de Sousa, que cuenta con un 7,515% del capital de la gallega, presentó su dimisión como presidente de la compañía el pasado 17 de julio después de conocerse el informe forense realizado por KPMG para determinar la situación de la pesquera española, que revelaba que en los últimos ejercicios se diseñaron y ejecutaron prácticas contables para ocultar deuda, y que estas prácticas eran 'instruidas, ejecutadas, llevadas a cabo o conocidas, en mayor o menor medida', por miembros de la cúpula directiva.

Fernández de Sousa-Faro está imputado en la Audiencia Nacional, junto a otros tres directivos de la entidad, por falsear las cuentas anuales de Pescanova , y ocultar su agujero. La compañía gallega, con una deuda de 3.674 millones de euros, está inmersa en reuniones con la banca para lograr que el convenio de acreedores esté listo en los próximos dos meses, una vez que que se concluya el plan de negocio que elabora la consultora PwC, que podría estar listo a finales de esta semana, en el que se determinará la deuda soportable y las necesidades de liquidez de Pescanova.

Según las primeras conclusiones de dicho plan, que se presentará en el consejo de administración la próxima semana, Pescanova cuenta con capacidad para seguir adelante 'sin liquidarse, ni trocearse', sin necesidad de ajustar su estructura en España, y en el caso de que fuera necesario, con la venta de activos o filiales en el extranjero no estratégicas. El convenio de acreedores para hacer frente al agujero patrimonial de 1.667 millones de euros de la firma gallega combinará la quita de deuda, la capitalización de pasivo y la entrada de nuevos socios. 'Las tres palancas que se van a utilizar se centran en la entrada de dinero fresco con nuevos socios, la capitalización de pasivo en acciones y la quita', han explicado fuentes cercanas a la negociación.

Las mismas fuentes han asegurado que la compañía dispone de liquidez para aguntar hasta final de año, sin que existan tensiones de tesorería, ya que la firma está exigiendo incluso a sus clientes el pago al contado y el pago aplazado a proveedores con el fin de 'proteger' su liquidez.