Algunos de los excarcelados cubanos acogidos en España irán a los tribunales si el Gobierno les deniega el asilo político que han solicitado para regularizar su situación legal.

Estos disidentes quieren que se les reconozca su condición de refugiados para que quede patente que estuvieron en prisión por motivos por políticos y que fueron deportados por el régimen castrista, ha informado a EFE su abogado, Fernando Vizcaíno.

Este estatus debe ser concedido o denegado en un plazo máximo de seis meses por la Oficina de Asilo y Refugio, en la que participan los Ministerios de Interior, Exteriores y Justicia.

Este grupo, integrado por seis disidentes y una veintena de familiares, va a pedir amparo al Defensor del Pueblo para que se tome una decisión de forma urgente.

Según Vizcaíno, "el Gobierno, extraoficialmente, les ha dicho que no se lo van a reconocer (el asilo)" para evitar problemas con las autoridades cubanas.

En este caso, ha añadido, los disidentes presentarían un recurso contencioso-administrativo para que sean los tribunales los que resuelvan su petición.

El abogado ha planteado además la posibilidad de acudir a organismos internacionales, como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), para respaldar la postura de los exiliados cubanos.

Este grupo también reclama quedarse en Madrid y no ser trasladado a otras ciudades españoles, después de que la Cruz Roja haya apuntado que no hay plazas vacantes en los centros de acogida que tiene en la capital.

Con este fin, han enviado un escrito al Ministerio del Interior en el que alegan motivos de salud para permanecer en Madrid, debido a que algunos tienen enfermedades derivadas de sus siete años en la cárcel.

Según el letrado del bufete de Jiménez de Parga Agobados, la Constitución española ampara su derecho a residir en el lugar que elijan libremente.

Entre estos disidentes, están Ricardo González, Mijail Bárzaga, Normando Hernández y Julio César Gálvez, quienes están alojados en un hostal del madrileño barrio de Vallecas.

Los siete excarcelados que siguen en Madrid están en un hotel del municipio de Alcorcón, algunos a la espera de tramitar los papeles para poder marcharse a Estados Unidos con sus familias.

La otra mitad de los veinte ex presos políticos que llegaron a España desde el pasado 13 de julio han sido distribuidos por centros y pisos de acogida de Málaga, Alicante, Cullera (Valencia), Gijón (Asturias), Jerez de la Frontera (Cádiz) y Sigüenza (Guadalajara) y uno se ha ido a Chile.

Frente a la opción del refugio político, la alternativa que el Gobierno ha ofrecido es la de la protección internacional asistida, una modalidad de asilo que permite el regreso a Cuba con permiso del régimen castrista.

Esta figura es por la que se inclina una decena de excarcelados y sus familiares, que suman unas 60 personas.

Ambas figuras de protección jurídica permitiría a los disidentes tener permiso de trabajo.

En los próximos días, se espera la llegada a España de más opositores cubanos del grupo de 52 presos políticos que las autoridades de la isla se han comprometido a excarcelar antes de que acabe octubre.

Todos ellos son integrantes del llamado "Grupo de los 75", que fueron condenados a prisión en 2003 a raíz de la ola represiva en la llamada "Primavera negra" acusados de atentar contra los principios de la revolución.