Compañías extranjeras de Europa y Asia continúan adquiriendo minerales de Congo a sabiendas de que hay grupos armados implicados en su comercio, según denuncia en un informe difundido el pasado 21 de julio por la organización Global Witness, especializada en denunciar los vínculos entre los conflictos y la explotación de recursos naturales.

Entre las empresas citadas figuran la Compañía Tailandesa de Fundición y Refinería (THAISARCO), la quinta productora mundial de hojalata y propiedad de la británica AMC; las belgas Trademet, Trazys, SDE, STI y Speciality Metals; la británica Afrimex y la malaya Smelting Corporation Berhad, la cuarta productora mundial de hojalata.

'A pesar de que hablan mucho de sus principios éticos, las empresas no tienen ningún sistema efectivo para comprobar de dónde proceden exactamente los minerales que compran', afirma la organización en el documento de 110 páginas.

'Usan el estatus legal de los despachos intermediarios como justificación para continuar con el comercio', añade. El informe documenta cómo la militarización de la minería en este de la RDC 'está prolongando el conflicto armado que ha destrozado el país en los últimos 12 años'.

Tanto el Ejército del país como varios grupos armados presentes en el este 'tienen acceso ilimitado a los minerales y han establecido lucrativas redes comerciales', señala Global Witness. Y aunque se enfrenten en el campo de batalla, unos y otros respetan el comercio con minerales de su rival.

Las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), el grupo armado hutu más implantado en la región de los Kivus, han establecido gracias al comercio mineral redes que les permiten comprar armas sin dificultad.

El Grupo de Expertos de la ONU estimó en su informe de 2008 que las FDLR 'obtienen beneficios de millones de dólares al año' y el negocio mineral es una 'gran prioridad'. Llevan a cabo su negocio 'abiertamente y sin oposición', y la población local les apoda 'los grandes comerciantes'.

En cuanto a la implicación de las Fuerzas Armadas del país en la explotación mineral, ésta 'no se limita a unos cuantos soldados rasos que tratan de mejorar un poco su escaso salario. Es generalizada y los comandantes están directamente involucrados'. Los beneficios recorren toda la cadena de mando.

El Ejército usa además a la población civil para cavar en las minas. Hay civiles que han denunciado haber sido detenidos y torturados por negarse a obedecer a los soldados.

El conflicto en la RDC tiene causas complejas, algunas relacionadas con agravios políticos, étnicos o relacionados con la tierra. Pero hay otros motivos que alientan la guerra, afirma el informe: 'la avaricia y el deseo de controlar los vastos depósitos minerales, que se han convertido en un imán que atrae a grupos armados'.

Los gobiernos de los países importadores han fallado a la hora de exigir que las compañías rindan cuentas sobre cómo participan de un comercio que beneficia a facciones armadas y causa abusos de los derechos humanos.

La empresa Afrimex ya violó en 2008 las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por comprar minerales de proveedores que pagan a un grupo rebelde. Pero Reino Unido no ha tomado de momento medidas contra la empresa.