El nuevo ministro de Educación, Ángel Gabilondo, afronta su primera prueba internacional dentro de unos días: convencer a sus colegas europeos de que España camina con paso seguro en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y que sus universidades estarán perfectamente adaptadas dentro de un año.

Hasta la Comisión Europea (CE) ha llegado el descontento de una parte del alumnado y del profesorado españoles contrarios al proceso de Bolonia (implantación del EEES); son una minoría, pero han conseguido hacerse un hueco en el debate universitario y en los medios.

Las delegaciones de los 46 países que forman el EEES se reúnen el 28 y el 29 de abril en Lovaina (Bélgica) para estudiar los progresos de los dos últimos años y definir nuevas políticas hacia una Europa unida del conocimiento, la educación y la cultura; el año próximo se citarán en Viena y Budapest bajo la presidencia española de la UE.

Asambleas de estudiantes europeos contrarios a Bolonia, incluidos españoles, han anunciado una "contracumbre" en la misma ciudad y los mismos días.

Los ministros analizarán las políticas de becas, la movilidad, el establecimiento de un marco común de cualificaciones y el aprendizaje durante toda la vida.

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, aseguró el mes pasado (cuando aún era responsable de Universidades) que la convergencia del sistema universitario español en Europa marcha "a buen ritmo" y que esto podría comprobarse en Lovaina.

Según dijo entonces, España ha alcanzado ya la "máxima puntuación" en la implementación del EEES en el primero y segundo ciclos de las enseñanzas universitarias.

Sin embargo, el comisario europeo de Educación, Jan Figel, acaba de contradecir tal optimismo.

El miércoles pasado, indicó que hay "cierta preocupación" por el "retraso" con que se están introduciendo las reformas en España.

La demora se refiere a la implantación del sistema de créditos europeos para estructurar las asignaturas y a que España ha aplicado "de forma lenta y por separado" los ciclos de máster, doctorado y, por último, de grado (que sustituye a las diplomaturas y licenciaturas).

Tampoco está generalizada la expedición del Suplemento al Título, un anexo que facilita el reconocimiento en toda Europa de lo estudiado en cada carrera.

El comisario también mencionó el "malentendido" que existe sobre lo que significa Bolonia, en alusión a las denuncias estudiantiles sobre un supuesto aumento de tasas de matrícula y la privatización de la universidad pública.

Las palabras de Figel confirmaban de algún modo lo que ha reconocido el Gobierno español, que ha podido faltar información sobre el EEES o al menos no ha calado.

Garmendia y sus colaboradores se han afanado los últimos meses en explicar Bolonia "universidad a universidad", en la prensa y en internet.

Estos días, la fundación española CYD también ha resaltado los déficits docentes y del modelo de gobierno de las universidades.

El Gobierno ha repetido que el EEES es irreversible y que todas las carreras estarán adaptadas a tiempo, ya que las universidades no podrán ofrecer plazas de nuevo ingreso para planes de estudios antiguos desde el curso 2010-2011.

Según cálculos ministeriales, un millar de carreras ya se impartirán según el modelo europeo el curso próximo, la mitad aproximadamente de todas ellas; este curso, son 162 grados adaptados a Europa los que se enseñan.

Desde octubre pasado, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha dado el visto bueno a otras 460 titulaciones.

Unas 600 están en proceso de evaluación y 173 en período de alegaciones.

Una de las críticas de las universidades ha sido la excesiva burocracia con que ANECA ha actuado en el procedimiento de verificación de titulaciones (comprobación de que se ajustan a los requisitos del EEES).

El nuevo ministro de Educación ha pedido que se responda "con celeridad, con claridad, con flexibilidad" a las propuestas de nuevos planes que las universidades están presentando.

Esta nueva etapa de la política universitaria tendrá al frente a tres ex rectores: el propio Gabilondo; así como el secretario general de Universidades, Màrius Rubiralta; y el director general de Política Universitaria, Felipe Pétriz, que antes formaban el equipo de Garmendia.