La ministra española de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha advertido hoy de que mantiene el objetivo de cerrar un acuerdo europeo sobre la regulación de los fondos de inversión alternativos antes de que acabe el semestre.

Salgado, que ejerce la presidencia de turno del Consejo de Economía y Finanzas de la UE, optó esta mañana por aplazar una decisión por mayoría sobre esta directiva clave en un intento de ganarse el apoyo del Reino Unido, todavía reticente a la propuesta.

"Queremos convencer a todos de que es mejor tener una regulación europea, y tenemos que seguir trabajando", ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta segunda del Gobierno español.

Salgado ha negado que a la Presidencia española le haya temblado el pulso o le "obsesione" conseguir la unanimidad para una decisión que no la requiere.

"No tenemos muchas obsesiones, y no nos ha movido en absoluto la obsesión por la unanimidad, más bien la de tratar de conseguir el mayor consenso posible", ha aclarado la ministra.

Todavía "hay margen" para ampliar el acuerdo, ha asegurado Salgado, quien ha dejado claro que mantiene su propósito de alcanzar un acuerdo político antes de que acabe el semestre español, lo cual "nos da unas semanas más" solamente.

A su lado, el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, el francés Michel Barnier, se ha mostrado circunspecto y ha puntualizado que la decisión de aplazar el debate es "responsabilidad de la Presidencia española".

"Tomamos nota y confiamos en la Presidencia, en que utilizará el tiempo que nos queda de la forma más eficaz posible", ha añadido.

El Ejecutivo de la UE, según Barnier, sigue a disposición de la Presidencia para trabajar por un acuerdo, que deberá ser "creíble", ha advertido.

"Los fondos de gestión alternativa son muy importantes. Cuando se analizan las transacciones financieras diarias se comprueba que estos actores representan casi la mitad de los movimientos", según el comisario.

Por lo tanto, la dimensión y el potencial de riesgo sistémico de estos fondos son "considerables", y por esa razón el G20 decidió regularlos, ha recordado.

La legislación propuesta pretende imponer obligaciones armonizadas en Europa a todas las entidades que se dediquen a la gestión y administración de fondos de inversión alternativos.

La UE entiende por fondos "alternativos" todos aquellos que no están regulados por la directiva sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

Se trata de los fondos de inversión libre y los fondos de capital riesgo, así como los fondos inmobiliarios, los de materias primas, los de infraestructuras y otros tipos de fondos institucionales.

Se calcula que todos estos fondos, que son vitales también para la financiación de las empresas no cotizadas en Bolsa y las compañías tecnológicas emergentes, gestionan activos por valor de 2 billones de euros.

"El sector en Europa no está regulado, no hay transparencia ni control", ha insistido Barnier y ha argumentado que, para tener éxito con la nueva estrategia de crecimiento económico, "necesitamos (en la UE) unos mercados financieros al servicio de la economía y no al revés".

Las reservas de Londres se centran en la cláusula de países terceros, que obliga a los gestores no europeos que quieran comercializar sus fondos en Europa a cumplir las mismas exigencias de control y supervisión de la UE.

El Reino Unido pretende además que baste la autorización de un estado miembro -por ejemplo, el visto bueno de Londres a los gestores no europeos radicados en los "paraísos" fiscales británicos del Canal- para que puedan operar en toda la Unión.

Barnier ha advertido de que, si ha de aceptarse la idea de un "pasaporte" único europeo, entonces tendrá que ser "exigente, habrá que merecerlo, sin atajos ni complacencias", y requerirá "verdadera reciprocidad" en cuanto a control y vigilancia por parte de los estados de procedencia.

Aparte del acuerdo del Consejo de ministros, por mayoría cualificada, la directiva requiere la aprobación del Parlamento Europeo.

El comisario ha expresado su deseo de que la Presidencia española pueda avanzar en las conversaciones paralelas con el PE y se consiga un resultado antes del verano.

En abril está previsto que la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento vote las más de 2.000 enmiendas presentadas al dictamen del ponente.