Por Manuel María Ruiz

Después del acuerdo alcanzado por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar el temido contagio de Grecia a otros países europeos y extraeuropeos, el Gobierno español deberá, además de acelerar el recorte del déficit, afrontar duras reformas estructurales si quiere evitar nuevos episodios de colapso financiero, dijeron varios analistas.

"Estas medidas dan una tregua a los mercados financieros. Yo creo que ahora la pelota está en el tejado de los gobiernos para tomar medidas, no sólo de reducción del déficit fiscal, sino de la adopción de medidas estructurales", dijo Juan Antonio Cabrera, economista del servicio de estudios de Caja Madrid.

Los ministros de Finanzas de la UE pactaron el domingo la creación de un mecanismo de estabilización europeo por valor de unos 500.0000 millones de euros, al que se suman otros 250.000 millones de euros por parte del FMI.

El Banco Central Europeo (BCE) también anunció medidas para contener la crisis de deuda griega y dijo que compraría deuda pública y privada de la zona euro y abandonaría la resistencia a compras de bonos a gran escala.

Como primer gesto en esta dirección, el Gobierno español ya ha anunciado una aceleración del recorte de su déficit público para 2010 y 2011 por un importe de 15.000 millones de euros sobre lo inicialmente previsto.

El anuncio se produce después de que la semana pasada los mercados españoles registraran fuertes turbulencias por el temor a un contagio de los problemas económicos y financieros de Grecia que llevó a las rentabilidades de la deuda pública a máximos desde el lanzamiento del euro en enero de 1999 y al Ibex-35 a una caída cercana al 20 por ciento en sólo cinco días.

El acuerdo del domingo llevó a la bolsa española a subir más de un 12 por ciento a mediodía, mientras el diferencial entre el bono español y el alemán a diez años se movía en torno a los 103 puntos básicos desde niveles próximos a 177 puntos básicos el viernes.

El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, explicará el miércoles en el Congreso de los Diputados los detalles sobre la aceleración en el proceso de consolidación fiscal.

"Son medidas de largo alcance, se han tocado todos los temas que estaban sobre la mesa", dijo un alto cargo monetario.

España, que terminó 2009 con un déficit público del 11,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), debe reducirlo hasta el 3,0 por ciento del PIB en 2013, según las condiciones previstas por la Comisión Europea de Bruselas.

"Yo entiendo que reducirlo (el déficit) hasta el 3,0 por ciento o hasta el 3,5 por ciento o hasta el 4,0 por ciento, no es lo verdaderamente importante, lo fundamental es poner todas las cartas sobre la mesa y decir: miren ustedes, estamos haciendo todo lo posible por cumplir con nuestros compromisos y los vamos a cumplir", dijo un analista independiente de macroeconomía.

REFORMA LABORAL, BANCARIA Y DE EDUCACIÓN

Pero si la reducción del abultado déficit público es básica para cumplir los requisitos de sostenibilidad económica de España, los economistas consultados dijeron que no menos importante es abordar reformas estructurales tales como la consolidación del sistema financiero y un programa global y convincente en materia de educación.

"Las reformas estructurales ya no admiten más demora, ni paños calientes. Es la diferencia entre modernizar los fundamentos de España a favor de la competitividad o dejar que todo se muera de viejo", agregó el analista de macroeconomía.

Con una tasa de paro que supera el 20 por ciento, capítulo aparte merece la reforma del mercado laboral que, según analistas, representa el mayor escollo al que se enfrenta el Gobierno de Zapatero.

"La reforma laboral, acordada o inducida, es absolutamente vital", dijo un analista.

El Banco de España ha insistido en reiteradas ocasiones en la urgencia de abordar una reforma laboral que dinamice el mercado de trabajo, aumente la productividad y ponga las bases para un crecimiento sostenible de la economía.

Desde el Ejecutivo se ha dicho que si los sindicatos y la patronal no llegan a un pronto acuerdo en esta materia, será el Gobierno el que, en un plazo no mayor de dos semanas, presentará sus propias propuestas.