El día que Mariano Rajoy decidió dar luz verde a las listas electorales del País Valencià, con más de una decena de imputados en escándalos de corrupción y otros tantos dirigentes bajo sospecha, sabía a lo que se arriesgaba. Pero, según se debatió durante más de cinco horas en el Comité Electoral Nacional, se trataba de un 'mal menor'. El propio Francisco Camps, president de la Generalitat Valenciana e imputado en el caso de los trajes, ya había sido ratificado.

¿Cómo justificar al partido, a sus bases y a sus votantes que el president sí vale como cabeza de lista y no otros encausados o personas sobre las que había la seguridad de que iban a copar los titulares?, era la pregunta.

Es la misma cuestión que ayer se instalaba en la mente de varios dirigentes conservadores cuando se les preguntaba sobre si el partido debe actuar a raíz del levantamiento del sumario del caso Brugal.

Según la documentación, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, reelegida el 22-M, su antecesor, Luis Díaz Alperi, y dos consejeros de Camps, entre otros, podrían haber recibido regalos del empresario Enrique Ortiz en plena tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. Entre los obsequios se cuentan botellas de champán, bolsos y relojes de lujo y viajes de placer.

El empresario se ufana en una llamada de tener a su 'disposición' al PP

El caso Brugal investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del plan urbanístico de la ciudad. Los avances en la investigación de este escándalo, 'esperados', según sostienen fuentes del PP valenciano, han irrumpido en una de las semanas más felices del líder del PP en los últimos años.

Los resultados del 22-M, que han teñido de azul-PP gran parte del mapa de España, hacen que Rajoy se vea cada vez más cerca de La Moncloa. En este contexto, cualquier otro foco que le desvíe de este objetivo pone en peligro sus planes de centrar sus discursos en la situación económica.

Independientemente de la estrategia que la dirección nacional del PP despliegue a medida que avance la investigación de este caso, en el partido están convencidos de que va a ser inevitable que los escándalos de corrupción en el País Valencià no dominen la recta final hacia las elecciones.

Ayer, fue el día de las reacciones de algunos de los citados en los más de 8.000 folios del sumario de este caso que, por el modus operandi regalos a políticos a cambio de supuestos tratos de favor guarda cierta similitud con el caso Gürtel. Precisamente, uno de los citados, Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, es uno de los imputados en el caso de los trajes.

'El modelo de Rajoy para España es la corrupción de Camps', dice el PSPV

El también coordinador de Economía del Grupo Parlamentario Popular en Les Cortsemitió ayer un comunicado en el que negó que Ortiz le haya realizado 'cualquier tipo de pago o trato a su favor', además de desmentir su participación 'directa o indirecta' en la trama.

Según informó Europa Press, el Ministerio Fiscal considera que el empresario pudo realizar un pago a favor de Costa, así como encargar trabajos al socio de este, el abogado Emilio Álvarez, con el que Ortiz quería trabajar 'por huevos'.

Junto a los obsequios que podrían haber recibido, entre otros, Alperi, Castedo y los consellers de Infraestructuras y Turismo, Mario Flores y Belén Juste, respectivamente, el informe policial apunta también a José Joaquín Ripoll.

El presidente de la Diputación de Alicante, imputado en este escándalo, podría haber recibido obsequios del empresario, al igual que Manuel Pérez Fenoll, exalcalde de Benidorm. Según el sumario, este último habría conseguido un reloj valorado en 20.000 euros.

Una de las conversaciones intervenidas es reveladora. Fue grabada el 18 de diciembre de 2008 y, en ella, el constructor le dice a su mujer que por hacer regalos a ediles del PP de Alicante los tiene luego a su 'disposición'.

Ricardo Costa, imputado en Gürtel', aparece citado en las conversaciones

Tras conocer los datos del sumario, los partidos de la oposición en Alicante, como PSPV, Esquerra Unida y Compromís, coincidieron en criticar los hechos y calificaron los mismos de 'muestrario de especulación urbanística', 'escándalo mayúsculo' y 'presunta trama delictiva'.

La edil electa de Alicante y secretaria de Organización del PSPV-PSOE, Elena Martín, instó a Castedo (PP) a no recoger su acta de concejal. Por su parte, el líder del PSPV, Jorge Alarte, sostuvo que 'el modelo Rajoy, para toda España es el de la corrupción generalizada del PP de Camps'.

Castedo y Alperi han sido elegidos el 22-M como diputados en Les Corts. Serán, por tanto, aforados y, en su caso, sólo podrían ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia valenciano. El viernes, Sonia Castedo aseguró que ella, al no ser 'técnico', no se había sentado nunca a negociar con Ortiz.

¿Qué dice el código del PP sobre los regalos?
La ‘carta de compromisos’ que deben firmar los miembros del PP, según figura en el código de buenas prácticas, prohíbe aceptar “regalos” que no respondan “a los usos sociales”. Este artículo, que vuelve a ponerse en el punto de mira con el levantamiento del secreto del ‘caso Brugal’, iba encaminado a evitar nuevos casos ‘Gürtel’.

¿Precisa qué dádivas pueden aceptarse?
No. Queda vagamente definido al señalar que no deben admitir “regalos, atenciones o liberalidades que no correspondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales”. El partido nunca ha precisado las cantidades que considera a partir de las que no deben aceptarse dádivas. Es más, destacados dirigentes conservadores han restado importancia al hecho de que Francisco Camps pudiese haber aceptado trajes de los cabecillas de la ‘Gürtel’ valorados en 12.000 euros. Según el sumario del ‘caso Brugal’, el obsequio más cuantioso habría ido a parar a Manuel Pérez Fenoll, exalcalde de Benidorm. Se trata de un reloj valorado en 20.000 euros.

¿Qué tipo de sanciones contempla?
Ninguna. En este documento, presentado en diciembre de 2009, en una época en la que el ‘caso Gürtel’ estaba en máxima efervescencia, no incluye ningún capítulo en el que se recojan las posibles sanciones a las que se enfrentan sus cargos electos en el supuesto de que incumplan el articulado. Para ello, recurren a los estatutos del partido.

¿Qué requisitos deben reunir los candidatos?
Según informó el PP cuando hizo público este documento, si los cargos del partido se negaban a firmar la carta de compromisos, uno de los principales apartados de este nuevo código ético, no podrían ser candidatos. Además, el compromiso de la formación conservadora era el de facilitar esta información en su página web. Las elecciones del 22-M ya han pasado y en la web del partido no figura ningún tipo de información al respecto. Tampoco figuran apartados ya comprometidos en diciembre de 2009 como el perfil de contratante o la auditoría anual de las cuentas del partido.