El entorno del ex asesor urbanístico y principal procesado en el "caso Malaya", Juan Antonio Roca, pretendía obtener del empresario granadino José Ávila Rojas -también imputado en la causa- dieciocho millones de euros debido a su falta de liquidez, según asegura un testigo de la causa.

La declaración de este testigo el pasado octubre ante la Policía supone el origen de la pieza separada por la que se han practicado registros en tres inmuebles de Marbella, Córdoba y Agrón (Granada) e intervenidos cientos de obras de arte y en la que se investiga por el momento un posible delito de alzamiento de bienes.

En un auto del juez instructor del "caso Malaya", Óscar Pérez, se recoge la declaración del testigo en la que narra que el empresario Carlos Sánchez -también procesado en la causa- "estaba gestionando la captación de dinero" a otros imputados para el entorno familiar de Roca debido a su "ausencia de liquidez".

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, se recoge que dicha captación ya se había llevado a cabo con el constructor cordobés Rafael Gómez y pretendía hacerse, por medio del testigo, con José Ávila Rojas, a quien debía pedirle dieciocho millones de euros.

Según el testimonio recogido en el documento judicial, en el caso de que el promotor granadino careciera de esa cantidad debía entregar las escrituras de una finca en Toledo y otras de un hotel en México, para lo que el testigo debía mostrarse "duro y, si es necesario, hacerle pupa" a Ávila Rojas.

"La petición económica que se narra, que realiza María Rosa Jimeno, mujer de Juan Antonio Roca, utilizando como intermediario a Carlos Sánchez, para solicitar dieciocho millones de euros a Ávila Rojas es confirmación de la sospecha de cuentas económicas pendientes entre éste y el primero", asegura el juez.

El sumario de la pieza separada establece que el testigo solicitó dinero al empresario granadino, aunque el magistrado no precisa si se trató de dicha cantidad, así como que Carlos Sánchez le anunció que debería desplazarse a la República Dominicana para recoger documentación y después a Méjico.

El instructor del "caso Malaya" señala que, según las declaraciones del testigo, Sánchez entregó a éste un teléfono móvil tras la reunión, "indicándole que cuando hiciera el encargo se deshiciera de él".

Destaca que la investigación policial pone de manifiesto la entrega al testigo de teléfonos para ponerse en contacto con él, así como el pago de sus servicios en "monedas de oro".

Además, en el auto en el que se ordenan la práctica de los registros y el levantamiento del secreto de sumario de la pieza separada, el juez establece que existen "claro indicios" de que Sánchez ha trasladado obras de arte desde Marbella hasta un local en Córdoba, propiedad del constructor Rafael Gómez -también procesado-, "estando preparándose su posible venta".

El instructor del proceso ha acordado el nombramiento como depositario de las obras de arte u objetos de valor históricos intervenidos en las actuaciones a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.

En el registro practicado en locales del Parque Joyero de Córdoba se han intervenido aproximadamente 410 obras de arte atribuidas a Sorolla, Tapies, Dalí, Miró, Ismael Gómez de la Serna, Benjamín Palencia y Joaquín Torres García, entre otros artistas de renombre.

En Marbella se han hallado alrededor de doscientos cuadros, trescientas litografías y siete esculturas de bronce de grandes dimensiones, así como una colección de figuras de arte africano, entre otros efectos pendientes de peritar y catalogar.

Por último, la finca registrada y embargada de forma preventiva en Agrón, en la comarca de Alhama de Granada, está valorada, según la Policía, en más de quince millones de euros y cuenta con un museo de colecciones de máquinas de coser antiguas, aperos de labor y diversos objetos catalogados como antigüedades.