Desde abril de 2021 el gobierno municipal de Barcelona, ​​encabezado por la alcaldesa Ada Colau, tiene sobre la mesa un informe jurídico encargado por el propio consistorio para implantar la tasa Amazon, un gravamen sobre la actividad de los gigantes del comercio electrónico. El documento, elaborado por los catedráticos de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid Enrique Ortiz y Mª Luisa González-Cuéllar, plantea la posibilidad de que ésta se cobre a través del estacionamiento de los vehículos en la calle.

Los primeros anuncios sobre la medida datan de septiembre de 2019 y el pasado año, el equipo de gobierno municipal, formado por Barcelona en Comú y el PSC, pactó con ERC la inclusión de esta tasa en el marco de los presupuestos. Ahora, a pesar de disponer de una propuesta jurídica terminada, el Ayuntamiento argumenta la dificultad técnica de tirarla adelante, mientras desde la oposición, los republicanos critican que no se haya producido ningún avance al respecto en un proyecto que también llevaban en su programa electoral los socialistas, que gestionan la concejalía de Hacienda. Este mismo martes, el primer teniente de alcaldía, Jaume Collboni (PSC), ha anunciado que el consistorio hará una propuesta propia de la tasa Amazon "antes del verano".

El informe de los expertos propone calcular la tasa a partir del valor que tiene aparcar en la calle y la facturación acumulada en la ciudad por las empresas de comercio electrónico. De esta forma, mediante la introducción de este mecanismo en una ordenanza municipal, el texto alude a la necesidad de establecer "el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas para la prestación de servicios postales" y la creación de una reserva de plazas de aparcamiento de utilización obligatoria por las entregas a domicilio, que requeriría que los operadores tuvieran una licencia.

Desde el equipo de gobierno municipal se emplaza a la Comisión de Economía y Hacienda del pasado 15 de diciembre, en la que ERC introdujo la propuesta. En esta cita, la concejala de Hacienda, Montserrat Ballarín (PSC), enmarcó el proyecto en "una estrategia global y transversal de regular la movilidad de última milla, no sólo por el comercio electrónico, sino para facilitar la llegada de las mercancías en los establecimientos y en la distribución final, no únicamente a los domicilios particulares".

Sistema normativo con nueva estructura

En el punto cuatro del orden del día de la Comisión se mencionaba la creación de una sociedad o un instrumento que permita al Ayuntamiento la administración y generalización de centros de distribución urbana que fomenten el retorno de la logística a la ciudad, optimizando los flujos de la última milla, poner en marcha una prueba piloto de un tranvía de mercancías para la distribución nocturna e iniciar los trabajos administrativos para poder incorporar la tasa Amazon.

En su comparecencia, Ballarín admitió que "la ciudad todavía tiene el reto de lograr una distribución urbana de mercancías eficiente, sostenible, segura y respetuosa con el medio ambiente". En ese momento, anunció que la estrategia se presentaría a principios de este 2022. De hecho, comentó que se estaba trabajando conjuntamente con las áreas de Comercio, Espacio Público, Movilidad y se presentaría a los agentes económicos y sociales y al resto de grupos políticos del consistorio.

En este escenario, Ballarín reconoce que la medida es un compromiso del gobierno, aunque admite que al tratarse de una iniciativa rompedora e innovadora, también resulta complicada. "Nuestra voluntad es que las empresas que vienen de fuera, llegan y vuelven a marcharse contribuyan a la ciudad". La concejala de Hacienda prevé que la tasa Amazon acabará convirtiéndose en un sistema normativo que gestionará alguna estructura municipal ya creada. "No vamos a constituir ninguna nueva empresa ni organismo". Durante la Comisión de Economía y Hacienda, Ballarín insinuó la posibilidad de que podría integrarse en el seno de Barcelona Servicios Municipales (BSM).

Gestión política

Desde ERC, fuerza que recogió la propuesta en su último programa electoral y que la pactó con el equipo de gobierno, su concejal Jordi Castellana insta a desatascar la iniciativa, "ya que afecta a compañías que hacen un uso intensivo del espacio público en un momento de emergencia climática en el que se aboga por retirar la circulación de coches de la ciudad". Así, Castellana recuerda que se trata de una de las primeras iniciativas del mandato, que todavía no se ha resuelto. El concejal de ERC incide en que "la situación actual provoca una competencia desleal hacia el comercio tradicional, que paga un IBI, mientras que otras compañías quedan exentas".

Castellana asegura que el gobierno municipal siempre menciona que están trabajando en el desarrollo de la tasa Amazon, pero están buscando la fórmula jurídica para aplicarla. Tras el informe de los catedráticos universitarios, el representante de ERC señala que se ha estado casi un año sin noticias ni avances significativos. "Únicamente hay una propuesta técnica, que ahora debe abordarse políticamente". Al igual que el equipo de gobierno, Castellana concluye que jurídicamente será un debate complicado, puesto que "el actual modelo de fiscalidad está poco adaptado a la realidad municipal".

Desde ERC se pone en cuestión que la única opción para aplicar la tasa Amazon sea grabar la ocupación del espacio público y la creación de áreas de carga y descarga específicas para este tipo de reparto. Castellana precisa que la idea supondría "una brutalidad de superficie ocupada". Desde el punto de vista político, lamenta que la propuesta, emprendida por los republicanos y los socialistas hace casi tres años, todavía no se haya materializado. Aunque el consistorio apunta a que se ha reactivado el grupo de trabajo entre Movilidad y Hacienda para analizar cómo podría aplicarse la llamada tasa Amazon, formaciones como ERC explican que todavía no tienen constancia de ello.