La inauguración del primer monumento castrense en memoria de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 marcará mañana el quinto aniversario del siniestro, cuyas causas siguen investigándose en la Audiencia Nacional, que finalmente no imputará al ex ministro de Defensa Federico Trillo.

Los familiares de las víctimas, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, general Félix Sanz, y la subsecretaria de Defensa, María Victoria San José, rendirán homenaje en la Base "Cid Campeador" de Burgos a la memoria a los militares fallecidos el 26 de mayo de 2003 cuando el avión Yakolev-42 en el que volvían de una misión en Afganistán se estrelló en la localidad turca de Trebisonda.

En ese acto, al que finalmente no asistirá la ministra Carme Chacón, se inaugurará el primer monumento instalado en un recinto militar español a los 62 caídos en la mayor tragedia de la historia de las Fuerzas Armadas españolas en tiempo de paz.

En la vertiente judicial, las causas abiertas para indagar cómo se contrató el avión y por qué se identificaron erróneamente los cadáveres han entrado en su fase decisiva, después de que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ordenara al juez Fernando Grande-Marlaska, que las había archivado al no apreciar indicios de delito, que las reabriera para seguir investigando.

Previsiblemente, varios altos mandos militares de la época acabarán sentándose en el banquillo de los acusados, pero con ellos no estará el ex ministro de Defensa Federico Trillo, cuya imputación por los delitos de imprudencia con resultado de muerte, malversación de caudales públicos y falsedad documental fue solicitada el pasado día 14 por la acusación que ejercen los familiares de las víctimas.

Como Trillo es diputado del PP -y por tanto aforado-, Marlaska remitió al Tribunal Supremo el escrito de la acusación, pero cuando el Supremo le recordó que era él quien tenía que detallar que indicios de criminalidad apreciaba en el ex ministro, el magistrado respondió que ninguno, cerrando así la puerta a su posible imputación.

Sí están acusados desde la semana pasada, en el sumario en el que se investigan las supuestas irregularidades en la contratación del avión, cinco de los miembros de la cúpula militar cuando ocurrieron los hechos.

Se trata de los que fueron jefe del Estado Mayor de la Defensa, Antonio Moreno Barberá, y jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Luis Ibarreta, y de otros tres responsables de este último departamento: el contraalmirante José Antonio Martínez Sainz-Rozas; el coronel Joaquín Yáñez González y el comandante Alfonso Elías Lorenzo Taboada.

La Fiscalía, además, presentará esta misma semana su escrito de acusación contra otros tres militares, en este caso en la causa en la que se investigan las irregularidades en la identificación de los cadáveres.

Entre ellos está el general de Sanidad Vicente Navarro, al que acusa de elaborar la lista con los militares muertos en el accidente y de "rellenar" de forma arbitraria y "caprichosa" los treinta espacios en blanco que había en esa relación de nombres y que correspondían a los de los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar.

El Ministerio Público también acusará de falsedad documental por estos hechos al comandante médico José Ramírez y al capitán médico Miguel Saez

El avión ucraniano de fabricación rusa Yakovlev 42-D despegó el 26 de mayo de 2003 de Bishkek (Kirguizistán), con destino a Zaragoza y 62 militares a bordo, pertenecientes a la fuerza internacional de paz de la OTAN en Afganistán.

Horas después, el avión intentó por dos veces aterrizar en el aeropuerto de Trebisonda para repostar, pero la niebla impidió la maniobra y, tras desaparecer del radar, se estrelló en el monte Macka, a orillas del mar Negro.

Los 75 ocupantes -62 españoles, 12 ucranianos y un bielorruso- murieron en el siniestro.