El Tribunal Intermedio de Shijiazhuang, en la provincia septentrional de Hebei, comunicó la ejecución hoy de dos implicados en el escándalo de la leche contaminada con melamina, que el año pasado afectó a más de 300.000 niños, seis de los cuales murieron.

Las dos personas ajusticiadas son Zhang Yujun y Geng Jinping, condenados a la pena capital en enero y cuya sentencia fue aprobada por el Tribunal Supremo, según informó hoy la agencia oficial Xinhua, que no dio más detalles de las circunstancias de las ejecuciones.

Zhang fue hallado culpable de poner en peligro la seguridad pública al producir más de 770 toneladas de concentrado proteínico a base de melamina, mientras que Geng fue castigado por los delitos de producir y comerciar con alimentos tóxicos al vender más de 900 toneladas de leche contaminada a la empresa Sanlu.

Esta marca, líder del mercado chino y que ha acabado en la bancarrota, fue el centro del escándalo de la leche adulterada con melamina.

La sustancia causó diferentes complicaciones -como cálculos renales- a cerca de 300.000 niños en todo el país y seis de ellos fallecieron, según datos oficiales.

Los ejecutados hoy son los dos únicos implicados en este caso que recibieron la pena de muerte, aunque el vendedor Gao Junjie fue sentenciado al mismo castigo pero goza de un periodo de conmuta de dos años en caso de que muestre buen comportamiento.

En total, la trama de la melamina, una sustancia química usada en la fabricación de plásticos que engaña a los detectores de proteínas en los análisis alimentarios, llevó a prisión a 21 personas.

Entre ellos, destaca la cadena perpetua de la ex presidenta de Sanlu, Tian Wenhua, quien reconoció durante la vista que sabía desde mayo que su empresa estaba vendiendo leche adulterada, aunque no se hizo público hasta después de los Juegos Olímpicos de Pekín en agosto.

Tian se benefició de que la acusación a la que se enfrentaba fue "producir y vender productos falsos o que incumplen la normativa", lo que le permitió evitar la pena de muerte a pesar de que ser considerada la principal responsable al presidir Sanlu, la firma que centró el escándalo y hasta entonces líder del mercado chino.

De hecho, los directivos de las empresas lecheras acabaron el proceso con castigos mucho menores, de entre dos y quince años de cárcel.

La disparidad de sentencias causó protestas en China, especialmente entre los padres de los niños afectados, a los que la compañía ofreció compensaciones económicas por valor de 292 dólares (226 euros) a cambio de retirar las denuncias.

Según la prensa china, un 95 por ciento de las familias afectadas aceptaron la indemnización, mientras que unos 500 afectados continuaron el proceso por la vía jurídica.

Sanlu tuvo que declararse en quiebra después de que el valor de las indemnizaciones a las familias afectadas superara al de los activos del grupo.

La leche se sumó así a otros productos, como fármacos y juguetes, que en años anteriores ya desataron problemas tanto en el interior de China como en sus inspecciones internacionales al ser exportados.

El Gobierno chino reconoció que estos escándalos mostraron "fallos en el sistema" de supervisión de calidad nacional, que exigían cambios para recobrar la confianza de los consumidores y los mercados.

Por este motivo, la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) aprobó en marzo una nueva Ley de Seguridad Alimentaria, que establece nuevos sistemas de control y supervisión y "graves castigos" para los responsables de adulteración.