El Gobierno de Estados Unidos y el comité financiero de la cámara baja propusieron ayer que cuando un gigante de Wall Street esté a punto de quebrar sean sus rivales y no los contribuyentes los que paguen por su rescate o desmantelamiento.

La idea es el eje central de un proyecto de ley que establece un mecanismo para lidiar con las entidades financieras que son tan grandes que su hundimiento haría temblar a todo el sector y a la propia economía estadounidense.

El problema está latente desde septiembre del año pasado, cuando la bancarrota del banco de inversión Lehman Brothers llevó al entramado financiero mundial al borde del colapso, según ha reconocido el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke.

El Gobierno y los legisladores proponen dar a las autoridades más poder para vigilar e intervenir a las entidades financieras que suponen un riesgo para el sistema. Además de bancos, en la lista podrían estar aseguradoras o, incluso, fondos de inversión.

Si pese a esos cuidados, una de ellas falla, el Gobierno podrá desmantelarla fuera del sistema tradicional de bancarrota, que es lento y complejo.

El nuevo sistema es más flexible, según la propuesta, de forma que "se evite el contagio (a otras compañías) y los trastornos al sistema entero y a la economía en general".

La Corporación Federal de Seguro de los Depósitos Bancarios (FDIC) intervendrá la empresa y los costos de hacerlo caerán primero en sus accionistas y acreedores, y segundo en sus rivales.

El Gobierno dividirá el precio del rescate entre todas las compañías financieras con más de 10.000 millones de dólares en activos.

"Seguimos el modelo de 'quien contamina paga', por el cual la industria financiera tiene que pagar por sus errores, no los contribuyentes", dice la propuesta.

Los legisladores y la Administración de Barack Obama pretenden impedir que se repita una situación en la cual el erario público tiene que poner sobre la mesa 700.000 millones de dólares para salvar a la banca, una medida muy impopular en el país.

Pese a los nuevos poderes que da a las agencias reguladoras, la propuesta no va lo lejos que habían pedido algunos expertos.

Los ex presidentes de la Reserva Federal Alan Greenspan y Paul Volcker abogan por partir los grandes bancos para facilitar su regulación y minimizar el impacto de sus posibles problemas sobre el sector financiero en general.

La crisis ha agravado el problema, pues ha fomentado que los bancos sobrevivientes engullan a sus rivales más débiles.

En Estados Unidos, las cuatro mayores entidades financieras -Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup y Wells Fargo- poseen la mitad de los activos bancarios del país, frente al 27% de 2002, según un análisis del Instituto de Política Económica de Washington.

No obstante, tanto el departamento del Tesoro como la Reserva Federal han destacado las dificultades de intentar dividir a esos gigantes.

La propuesta también contempla la creación de un Consejo de Supervisión de los Servicios Financieros, que identificará "a las compañías y actividades que representan una amenaza para la estabilidad financiera, y las someterá a regulación, normas y vigilancia prudenciales más estrictas".

En ese Consejo se sentarán representantes de las distintas agencias reguladoras y en él llevará la voz cantante la Reserva Federal (FED).

La Fed podrá actuar motu proprio si sus colegas "no actúan rápidamente para resolver los problemas identificados por el Consejo", explica el borrador.

La propuesta presentada hoy por el Gobierno y el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes es uno de los frentes abiertos para impulsar una reforma financiera profunda, cuyo objetivo es evitar otra crisis como la actual.

Hoy ese Comité aprobó por 67 votos a favor y uno en contra otro proyecto de ley que coloca a los fondos de inversión de riesgo (hedge funds) por primera vez bajo la supervisión de la Comisión del Mercado de Valores (SEC).